La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires cerró la última vía judicial para reabrar la causa que investigaba el préstamo de 57.000 millones de dólares del FMI otorgado durante la gestión de Mauricio Macri, al declarar inadmisible el recurso de casación del fiscal José Luis Agüero Iturbe.
El 26 de septiembre de 2026 la Sala I de la Cámara Federal dictó que el recurso de casación presentado por el fiscal Agüero Iturbe no cumplía los requisitos formales exigidos por la normativa, y confirmó la decisión del Juzgado Federal N.º 4 que había archivado la causa por inexistencia de delito.
El préstamo del Fondo Monetario Internacional, suscrito el 13 de junio de 2018 bajo la presidencia de Mauricio Macri, ascendió a 57.100 millones de dólares, convirtiéndose en la mayor línea de crédito externa de la historia argentina y generando polémica por la supuesta falta de transparencia en su negociación y en la destinación de los recursos.
La investigación judicial se abrió en 2022 tras la denuncia presentada por la diputada de la oposición, Ana María Becerra, que señalaba irregularidades en los procesos de contratación y en la coordinación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central. El juez María Laura González archivó la causa en marzo de 2024 al considerar que no se había configurado delito alguno.
El fiscal Agüero Iturbe argumentó que la sentencia de archivo había sido producto de una interpretación errónea de la Ley de Administración Pública, insistiendo en la necesidad de examinar la actuación de funcionarios clave del gabinete de Macri y la posible omisión de deberes legales.
En su fallo, la Cámara Federal subrayó que el recurso de casación no podía cuestionar los hallazgos fácticos de la instancia inferior, y que la normativa de casación solo permite impugnar errores de derecho, no revisitar la valoración probatoria realizada por el juzgador de primera instancia.
Repercusiones políticas
Los líderes opositores, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, celebraron la decisión como una victoria contra la impunidad, mientras que el gobierno de Alberto Fernández la calificó de “decisión política” y anunció que explorará otras vías para investigar posibles responsabilidades en la gestión del préstamo.
El fiscal Agüero Iturbe ha indicado que evaluará la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, aunque expertos legales advierten que la probabilidad de revertir la decisión de la Cámara Federal es reducida, dado el precedente establecido en la reciente sentencia.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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