Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad, impulsará un juicio político contra la jueza Laura Beatriz De Marinis por anular la baja de imputabilidad del Régimen Penal Juvenil, una medida que ha encendido el debate sobre la responsabilidad penal de menores en Argentina.
El lunes 22 de septiembre de 2026, Macri anunció en la Casa Rosada de Buenos Aires que presentará ante la Legislatura porteña un proyecto de juicio político contra la magistrada del Juzgado de Niñez N° 3, Laura Beatriz De Marinis. El funcionario señaló que la decisión de la jueza “manchó de sangre” la sentencia y vulneró la seguridad jurídica del sistema penal juvenil.
De Marinis emitió su fallo el 18 de septiembre de 2026, declarando inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.541, sancionada en 2023) en el caso de un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo en la zona de Palermo. Al sobreseer al menor, la magistrada argumentó que la norma vulneraba derechos fundamentales al imponer medidas de internación preventiva a menores de edad.
El Régimen Penal Juvenil, que entró en vigor el 1 de enero de 2024, buscaba endurecer las penas para menores de 18 años involucrados en delitos graves, introduciendo la figura de “baja de imputabilidad” para casos de reincidencia. Desde su aprobación, organizaciones de derechos humanos y juristas han cuestionado su constitucionalidad por la posible incompatibilidad con la Convención sobre los Derechos del Niño.
Para iniciar el juicio político, la iniciativa debe ser presentada por al menos un tercio de los diputados de la Legislatura de la Ciudad y aprobada por mayoría absoluta en dos sesiones consecutivas. La última vez que se intentó un proceso similar fue en 2018 contra un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que quedó archivado por falta de apoyos.
El oficialismo de Juntos por el Cambio respaldó la medida, mientras que la coalición de Unidad por la Ciudad la calificó de “instrumento político para desviar la atención de los problemas de inseguridad”. Por su parte, la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad emitieron un comunicado advirtiendo que el juicio político podría sentar un precedente peligroso para la independencia judicial.
Expertos en derecho penal juvenil, como la profesora Ana Margarita Gómez de la Universidad de Buenos Aires, señalaron que el caso podría obligar al Tribunal Supremo a pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley 27.541. Un fallo desfavorable para la jueza podría reactivar la aplicación del régimen y, al mismo tiempo, reavivar el debate legislativo sobre la necesidad de reformar la normativa juvenil.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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