El presidente Javier Milei afirmó que Argentina ha deportado a 30 000 supuestos “terroristas” en los últimos meses, una declaración que ha encendido el debate en el Congreso y ha puesto bajo presión al jefe de la SIDE, Cristian Auguadra, para que entregue los datos que respalden la cifra.
En una entrevista televisiva emitida el 27 de septiembre de 2026 por el canal América TV, Milei aseguró que “el Estado argentino ha expulsado a 10 000 terroristas en 2025 y otros 20 000 este año”, describiendo a los deportados como “personas de otros países que pretenden dinamitar el modelo argentino”. La declaración se produjo durante su segmento semanal “Milei al Día”.
El gobierno de Milei ha intensificado la política migratoria desde su asunción en diciembre de 2023, incrementando los controles fronterizos y ampliando los criterios de inadmisibilidad. Según el Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 12 874 expulsiones por motivos de seguridad, mientras que en 2025 la cifra oficial subió a 14 321, cifras que distan mucho de los 30 000 citados por el presidente.
El 2 de octubre de 2026, la Comisión de Seguridad y Defensa del Senado solicitó al jefe de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) que presente un informe detallado sobre los procesos de deportación, especificando nombres, nacionalidades y fundamentos legales. La petición fue respaldada por los senadores opositores de la UCR y el Frente de Todos, que advirtieron sobre posibles violaciones a derechos humanos.
Cristian Auguadra, al frente de la SIDE desde junio de 2025, respondió el 5 de octubre que el organismo está “comprometido con la transparencia” y que entregará la información requerida dentro de los próximos diez días hábiles, citando la normativa de la Ley de Inteligencia N.º 25.274. Auguadra también señaló que la clasificación de “terrorista” corresponde a los criterios del Ministerio de Seguridad y que la SIDE solo provee apoyo operativo.
La oposición ha calificado las afirmaciones de Milei como “exageraciones sin sustento” y ha pedido una auditoría independiente del registro de expulsiones. Por su parte, organizaciones de derechos humanos, como la Comisión Nacional de la Memoria, han anunciado que revisarán los casos para determinar si se respetaron los procedimientos de asilo y los principios de la Convención de Refugiados de 1951.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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