Manuel Adorni, exjefe de Gabinete, entregó ante la Justicia un escrito de 77 páginas que intenta esclarecer las dudas surgidas tras la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La pieza revela discrepancias en la declaración de sus dólares y en la compra de una casa en Indio Cuá, avivando el debate sobre la transparencia de los funcionarios.
El documento fue presentado el 18 de septiembre de 2026 en el Tribunal Federal de la Capital, cumpliendo con el requerimiento de la Fiscalía que había sido emitido el 3 de julio del mismo año. En él, Adorni detalla sus activos al 31 de diciembre de 2025, incluyendo cuentas bancarias en dólares, bienes inmuebles y participaciones societarias.
Según la declaración, el exjefe de Gabinete posee US$150.000 distribuidos entre dos cuentas en el Banco Santander y el Banco Galicia. Sin embargo, la investigación de la Fiscalía, basada en los registros del Banco Central, indica que en esas mismas cuentas se registraron depósitos que ascienden a US$298.000 durante el mismo periodo, una diferencia que Adorni justifica como “operaciones de cambio no declaradas”.
En cuanto al inmueble en Indio Cuá, la nota de compra‑venta firmada el 12 de abril de 2024 muestra un precio de ARS 12.3 millones, mientras que la declaración patrimonial indica un valor de adquisición de ARS 5.4 millones. Adorni argumenta que la diferencia corresponde a “revalorización posterior a la compra”, aunque la fecha de la compra y la del avalúo coinciden.
El escrito también menciona la existencia de un fideicomiso en Panamá, creado el 7 de enero de 2025, con un capital inicial de US$75.000. La Fiscalía ha solicitado pruebas de la procedencia de esos fondos, pues la normativa argentina exige la declaración de cualquier activo en el exterior cuyo valor supere los US$30.000.
Expertos en derecho penal económico, como la abogada Gabriela Ledesma del Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, advierten que la falta de coincidencia entre los montos declarados y los registros oficiales puede derivar en sanciones que incluyen la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Mientras tanto, la defensa de Adorni ha anunciado que presentará pruebas documentales adicionales antes del 30 de septiembre, con la intención de demostrar la legalidad de sus operaciones y la ausencia de enriquecimiento ilícito. El caso sigue abierto y la Fiscalía mantiene la presión para que se esclarezcan los puntos oscuros señalados en la declaración patrimonial.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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