Una denuncia presentada el 12 de marzo de 2024 acusa a alrededor de 50 oficiales de la Armada de haber creado un esquema de viáticos falsos que habría desviado cerca de 1 500 millones de pesos. La investigación, ahora bajo la órbita del Juzgado N° 12 de la Capital Federal, reaviva la polémica sobre la gestión de recursos dentro de las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa, liderado por Carlos Presti, guarda silencio ante la creciente presión mediática y social.
El denunciante, un exfuncionario de la Sección de Finanzas Navales, presentó la causa ante la Fiscalía Federal el 12 de marzo, aportando documentos que supuestamente demuestran la emisión de órdenes de pago por viáticos inexistentes entre enero y diciembre de 2023. Los registros indican que los fondos fueron canalizados a cuentas bancarias vinculadas a los oficiales involucrados, con movimientos que superan los 125 millones de pesos mensuales en promedio.
El juez Federico Gómez, a cargo del caso, autorizó la incautación de 12 computadoras y 3 discos duros en la sede de la Base Naval de Puerto Belgrano el 20 de marzo, como parte de la recolección de pruebas. El fiscal Juan Pérez, de la Unidad de Delitos Económicos, señaló que ya se han identificado a 23 oficiales que podrían enfrentar cargos de asociación ilícita y apropiación indebida.
En respuesta, la Armada emitió un comunicado el 22 de marzo afirmando que se ha abierto una investigación interna y que 15 oficiales han sido puestos a disposición de la justicia. El comandante de la Base de Puerto Belgrano, coronel Luis Martínez, confirmó que los oficiales suspendidos permanecerán bajo custodia militar hasta que concluya el proceso judicial.
El caso se inscribe en una serie de escándalos que han sacudido a las Fuerzas Armadas en los últimos años, como la Operación “Tregua” de 2022, donde se destapó un fraude de 800 millones de pesos en la compra de suministros médicos. Estas investigaciones han generado un creciente escrutinio por parte del Congreso y de organizaciones de la sociedad civil que exigen mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos.
El Ministerio de Defensa, a través de su oficina de prensa, no ha emitido ninguna declaración oficial desde el inicio de la causa. Intentos de contacto con el ministro Carlos Presti y su portavoz fueron infructuosos, y la única respuesta recibida fue un mensaje estándar que indica que “el Ministerio respeta los procesos judiciales y cooperará en todo lo necesario”.
Analistas políticos advierten que la falta de respuesta del Ejecutivo podría traducirse en una presión creciente en el Senado, donde se prevé la convocatoria de una audiencia pública para el 5 de octubre, con la presencia de representantes de la Fiscalía, la Armada y la Oficina Anticorrupción. El desenlace del caso podría influir decisivamente en la agenda de reformas de control interno que el gobierno ha anunciado para 2025.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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