Entre enero y agosto de 2026, Argentina registró 169 víctimas de violencia de género, con 144 femicidios y 8 transfemicidios, una cifra que supera los registros de años anteriores y evidencia una escalada alarmante en la mortalidad por odio de género.
El Ministerio de Seguridad, a través del Observatorio de Violencia de Género, publicó el informe el 2 de septiembre, detallando que los femicidios se concentraron en la zona metropolitana de Buenos Aires (46 casos) y la provincia de Córdoba (22 casos), mientras que la mayoría de los transfemicidios se registraron en la región del Gran Rosario.
Entre los casos más emblemáticos, el 14 de marzo la joven de 22 años, Valeria Gómez, fue asesinada en el barrio de Palermo; su muerte desencadenó una marcha masiva que reunió a más de 15 000 personas exigiendo reformas legislativas. En Mendoza, el 7 de julio, el caso de la transgénero Lucía Álvarez, de 31 años, quedó registrado como el tercer transfemicidio del periodo, resaltando la vulnerabilidad de la comunidad trans.
Los femicidios vinculados a varones adultos y niños sumaron 17 casos, entre los que destaca el 30 de mayo el homicidio de Diego Martínez, de 45 años, en la ciudad de La Plata, cuya muerte estuvo vinculada a una violencia de género ejercida contra su pareja, según la fiscalía local.
Los datos revelan también una tendencia creciente en los femicidios de menores: 12 niñas menores de 12 años fueron víctimas, siendo el caso de Sofía Pérez, de 9 años, en Salta el más mediático, al ocurrir en el marco de una disputa doméstica que culminó en una sentencia de cadena perpetua para el agresor.
Desglose de víctimas y respuesta institucional
El informe indica que el 62 % de los femicidios fueron cometidos con armas de fuego, mientras que el 28 % involucró armas blancas. La Defensoría del Pueblo anunció la creación de una unidad especializada en prevención de femicidios, que operará en 10 provincias a partir de octubre, con la meta de reducir la cifra en al menos un 15 % para 2027.
Organizaciones de la sociedad civil, como la Red Nacional de Mujeres, demandan la implementación urgente del protocolo de alerta temprana y la ampliación de refugios. En respuesta, el Congreso aprobó el proyecto de ley "Mujeres Seguras" el 28 de agosto, que prevé recursos adicionales de 250 millones de pesos para fortalecer la capacitación policial y la atención psicológica a víctimas.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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