El llamado a licitación publicado por el Gobierno para adquirir 29 toneladas de carne destinadas a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos ha generado una fuerte polémica, ya que el presupuesto de casi 500 millones de pesos se anuncia en medio de una caída del consumo de carne de 18 % y una inflación que supera el 250 %.
El 10 de agosto de 2026 el Ministerio de Economía, a través del Sistema de Contrataciones Públicas (SICOP), emitió la licitación número 2026‑014, que contempla la compra de carnes rojas, pollo y pescados por un valor total de 498 800 000 pesos. El documento especifica que el suministro debe cubrir los menús de la Casa Rosada y la Quinta de Olivos durante los próximos 12 meses.
Según el informe de la Secretaría de Hacienda, la compra incluye 29 000 kilogramos de carne vacuna de corte premium, 12 000 kilogramos de pollo y 5 000 kilogramos de pescado, destinados a los comedores oficiales y a eventos protocolares. La licitación establece que los proveedores deberán garantizar precios fijos durante todo el periodo, pese a la volatilidad del mercado cárnico.
El consumo per cápita de carne en Argentina ha descendido a 38 kg/año, el nivel más bajo desde 2009, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este retroceso se atribuye al aumento de los precios, que en los últimos seis meses superó el 70 % en los cortes más populares, empujando a miles de familias a reducir su consumo.
La oposición, encabezada por la diputada María Eugenia Fernández (UCR), calificó la licitación de “desproporcionada” y “desconectada de la realidad”, señalando que el gasto supera el presupuesto mensual destinado a la asistencia alimentaria de los programas sociales del Estado. Fernández solicitó al Congreso la suspensión inmediata del proceso y la revisión de los criterios de adjudicación.
El economista independiente Carlos Méndez, de la Universidad de Buenos Aires, advirtió que la operación podría distorsionar aún más el mercado interno, al crear una demanda artificial de productos de alta gama. Méndez estimó que la compra podría absorber hasta el 0,3 % de la producción nacional de carne vacuna, reduciendo la disponibilidad para el sector privado.
Grupos de consumidores, como la Asociación de Consumidores Argentinos (ACA), organizaron una protesta el 15 de agosto frente al edificio de la Casa Rosada, exigiendo que los recursos se destinen a programas de seguridad alimentaria. La ACA presentó una petición al Ministerio de Desarrollo Social para que se prioricen compras de alimentos básicos a precios regulados.
Respuesta del Ejecutivo
El jefe de Gabinete, Juan Manuel López, respondió el 17 de agosto que la licitación forma parte de la “política de dignidad institucional” y que los menús oficiales deben cumplir con estándares de calidad nutricional. López aseguró que el proceso se realizó bajo los principios de transparencia y que la licitación será evaluada por la Auditoría General de la Nación.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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