La Ley 27.801, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y permite penas de hasta 15 años para adolescentes, entró en vigor el 7 de septiembre de 2026, marcando un giro histórico en la política penal juvenil de la Argentina.
El Congreso aprobó la reforma del Régimen Penal Juvenil el 28 de febrero de 2026, tras una intensa fase de debate en la Cámara de Diputados y el Senado, donde se registraron 112 votos a favor y 23 en contra. La norma fue publicada en el Boletín Oficial el 15 de marzo, estableciendo su vigencia a los 90 días, conforme a lo dispuesto en el artículo 88 de la Constitución.
Con la nueva legislación, los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los tribunales de menores podrán dictar condenas de hasta quince años de reclusión para delitos cometidos entre los 14 y los 18 años. La medida incluye la posibilidad de aplicar penas sustitutivas, como la libertad asistida, programas de reinserción y supervisión electrónica, según lo determine el juez.
El Ministerio de Justicia, a través de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lucía Fernández, precisó que el objetivo es “garantizar la protección social y la responsabilidad penal proporcional”, señalando que el 68 % de los menores infractores se encuentran en situación de vulnerabilidad socio‑económica.
Organizaciones de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), manifestaron su preocupación por el riesgo de sobrecargar el sistema penitenciario. En una rueda de prensa el 4 de septiembre, la directora del CELS, Ana María Ríos, advirtió que “sin una política integral de prevención, la medida podría traducirse en mayor estigmatización de los adolescentes”.
En la provincia de Buenos Aires, el juzgado de menores Nº 3 de La Plata ya recibió su primer expediente bajo la nueva norma, correspondiente a un caso de robo agravado cometido por un joven de 15 años. El magistrado Carlos Méndez solicitó una evaluación psicológica y consideró la opción de un programa de reinserción antes de dictar sentencia.
El presidente Alberto Fernández, en su discurso del 5 de septiembre, defendió la reforma como “una respuesta firme al aumento de la violencia juvenil”, y anunció un presupuesto de 1.200 millones de pesos para fortalecer los centros de atención especializada y los equipos de trabajo social vinculados a la justicia de menores.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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