El cierre de listas para elegir a los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación mostró una fractura visible dentro del peronismo, que pasó de una única candidatura a dos bloques negociados, reflejando tensiones internas que podrían influir en la agenda judicial de cara a las próximas elecciones legislativas.
El lunes 9 de septiembre de 2024, la Comisión Electoral del Poder Judicial recibió tres terminales de listas presentadas por sectores vinculados al peronismo: “Cooperación”, “Justicia” y “Derecho”. Cada una contaba con entre 8 y 12 candidatos, entre ellos abogados de la FCA, militantes de la UTAB y juristas de la Universidad de Buenos Aires.
Tras intensas negociaciones en la sede del Congreso, las tres terminales se reordenaron en dos acuerdos estratégicos. El bloque “Frente de Todos” integró a la lista “Cooperación” y a la mayor parte de “Justicia”, bajo la coordinación de la senadora Carolina Losada y el dirigente de la FCA, Roberto García.
El segundo bloque, denominado “Unidad Popular”, absorbió la lista “Derecho” y los sectores más críticos de “Justicia”. Este acuerdo fue liderado por el diputado Juan Grabois y la abogada Ana María Ponce, quienes buscan posicionar a candidatos vinculados a la agenda de derechos humanos y reforma judicial.
Ambos pactos compiten por los 30 escaños que el Consejo de la Magistratura asigna a la representación de los abogados. Según la normativa vigente, cada bloque debe presentar al menos 15 candidatos para ser elegible, lo que obligó a la reconfiguración de los listados originales.
El escenario de división se produce en medio de una discusión nacional sobre la reforma del sistema judicial. Mientras el presidente Alberto Fernández apoya una reforma que amplíe la participación política en la designación de magistrados, los críticos del peronismo interno advierten que la falta de unidad podría debilitar la influencia del bloque peronista en el Consejo.
En la sede de la Corte Suprema, los representantes de la Federación de Colegios de Abogados (FCA) y de la Unión del Trabajo de la Abogacía (UTAB) anunciaron que los nuevos acuerdos incluirán compromisos para impulsar la defensa de los derechos laborales y la transparencia en los procesos de selección de magistrados.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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