El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, presentado por la administración de Javier Milei, busca reforzar la postura argentina frente a la disputa de las Islas Malvinas y ampliar el marco legal para la protección de recursos estratégicos. Ingresó a la Cámara de Diputados en la madrugada del jueves 12 de septiembre de 2026 y abre una nueva etapa de debate parlamentario que podría redefinir la política de defensa del país.
El texto establece que la defensa de la soberanía nacional es un deber ineludible de todos los poderes del Estado, incorporando la “doctrina de defensa integral” que incluye tanto la fuerza armada como la seguridad civil y la protección de infraestructuras críticas.
Entre los cambios propuestos, se plantea la creación de un cuerpo de reserva militar de 30 000 efectivos, con entrenamiento anual obligatorio, y la asignación de un aumento del 15 % al presupuesto del Ministerio de Defensa para el ejercicio 2027, destinado a modernizar la flota naval y adquirir sistemas de vigilancia satelital.
El proyecto también contempla la ampliación de la zona económica exclusiva argentina hasta los 200 nm en la plataforma continental del Atlántico Sur, con la autorización para la exploración de hidrocarburos y minerales bajo un régimen de “gestión estratégica” supervisado por la Comisión Nacional de Recursos Naturales.
En la Cámara, el bloque opositor liderado por el Frente de Todos denunció que la iniciativa “privilegia la militarización sobre la diplomacia”, mientras que el partido Juntos por el Cambio señaló que la ley podría “fortalecer la capacidad de respuesta ante amenazas externas”. El embajador británico en Buenos Aires, Sir James Miller, calificó el proyecto de “provocador” y advirtió sobre posibles tensiones en la región.
El proyecto será remitido al Comité de Defensa y Seguridad Nacional para su primer dictamen, con la expectativa de una discusión en el pleno de la Cámara antes del 30 de octubre. Si avanza, el texto pasará al Senado, donde requerirá la aprobación de al menos la mitad de los senadores para convertirse en ley.
Históricamente, la última legislación específica sobre la soberanía de las Malvinas data de la Ley 24.388 de 1995, que estableció la “Política de Recuperación de las Islas”. La nueva propuesta busca actualizar ese marco a la luz de los avances tecnológicos y de la creciente importancia de los recursos marinos en la agenda nacional.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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