El Ejecutivo anunció una nueva oleada de denuncias contra empresas que presuntamente operan en la Plataforma Continental Argentina vinculada a las Islas Malvinas, ampliando la persecución a sus directivos. La medida, anunciada tras la cadena nacional del presidente Javier Milei, busca reforzar la soberanía nacional y evitar la extracción ilegal de recursos.
En la transmisión televisiva del 8 de septiembre, el presidente Milei declaró que el Estado presentará cargos contra al menos ocho compañías del sector energético, entre ellas YPF, Pan American Energy y Shell Argentina, por supuestas actividades petroleras sin autorización en la zona marítima que rodea a las Malvinas.
El Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Energía, remitió los expedientes a la Fiscalía Federal Económica, que ya ha iniciado investigaciones penales bajo el número de caso 2026‑0189, citando la Ley de Hidrocarburos N.º 27 442 como fundamento legal.
Además de las empresas, la denuncia incluye a diez directivos de alto nivel, entre ellos el exgerente de exploración de YPF, Carlos López, y la directora de operaciones de Pan American Energy, María González, quienes podrían enfrentar penas de hasta tres años de prisión y multas que superan los 500 millones de pesos.
El gobierno argumenta que estas actividades vulneran la soberanía argentina y contravienen los acuerdos internacionales firmados en la ONU, particularmente la Resolución 2065 (XX) que reafirma la posición de Argentina sobre las Islas Malvinas.
El sector privado reaccionó con cautela: representantes de la Cámara Argentina de Empresas de Energía (CAEE) solicitaron claridad sobre los criterios de la investigación y recordaron que la mayoría de los contratos de exploración están sujetos a licencias otorgadas por la Comisión Nacional de Energía (CNE) en 2023.
En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió notas diplomáticas a Reino Unido y a la Comisión Europea, advirtiendo que la falta de cooperación podría derivar en sanciones económicas y restricciones de acceso a mercados internacionales para las compañías involucradas.
Los analistas de mercado ya anticipan una volatilidad en los precios del gas natural y del crudo local, estimando que la incertidumbre jurídica podría reducir la inversión extranjera directa en el sector energético en un 12 % durante el próximo trimestre.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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