La Cámara de Diputados iniciará este miércoles a las 12 hs la discusión de dos iniciativas clave: una que busca frenar la morosidad de los hogares y otra que declara emergencia nacional en materia de discapacidad. El objetivo es presionar a las comisiones sectoriales para que avancen rápidamente, en medio de una creciente preocupación social por el endeudamiento familiar y la falta de recursos para personas con discapacidad.
El proyecto de Ley de Morosidad, presentado por la diputada Carmen Gómez (PRI‑Veracruz), propone limitar los intereses de los créditos de consumo al 12 % anual y establecer un mecanismo de renegociación automática para deudores con más de tres cuotas impagas. Según datos del INEGI, en el último trimestre del 2025 el 42 % de los hogares con crédito reportó atrasos, una cifra que supera los niveles de la crisis financiera de 2008.
Paralelamente, la iniciativa de Emergencia en Discapacidad, impulsada por el senador Luis Ramírez (Morena‑Ciudad de México) y aprobada en la Cámara de Diputados el 5 de septiembre, declara estado de emergencia sanitaria y social para la población con discapacidad. El proyecto contempla la creación de un Fondo de Apoyo Integral de 12 mil millones de pesos, destinado a adaptar viviendas, mejorar la accesibilidad en el transporte público y ampliar la cobertura de terapias especializadas.
El presidente de la Cámara, Marcela Guerra (PAN‑Nuevo León), anunció que la agenda del miércoles incluye una mesa de trabajo de dos horas con los presidentes de la Comisión de Finanzas Públicas y la Comisión de Salud. “Queremos que estas propuestas no se queden estancadas en comisiones; la ciudadanía exige respuestas concretas y urgentes”, declaró Guerra al iniciar la sesión plenaria.
Los grupos parlamentarios han manifestado posturas divergentes. Mientras el bloque de la oposición critica la falta de consultas previas a organizaciones de consumidores y de la comunidad discapacitada, el bloque gobernista subraya la necesidad de actuar antes de que la morosidad alcance niveles críticos que puedan desencadenar una nueva recesión.
En la Ciudad de México, la ONG “Manos Unidas” organizó una marcha el 3 de septiembre para exigir la aprobación del Fondo de Apoyo Integral. La directora, Ana López, señaló que más de 1,3 millones de mexicanos viven con alguna discapacidad y que el actual presupuesto para servicios de rehabilitación cubre apenas el 30 % de la demanda.
Los analistas de la Universidad Nacional de Economía estiman que, de aprobarse el proyecto de morosidad, el gasto de los hogares en intereses podría reducirse en torno a 8 mil millones de pesos anuales, lo que liberaría recursos para consumo y ahorro. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística proyecta que la inversión en accesibilidad generará hasta 150 000 empleos directos en los próximos cinco años.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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