Una auditoría recién aprobada por la Procuración General reveló que cerca de 8.000 causas penales quedaron sin avance en los juzgados federales de Rosario, un hallazgo que ha puesto en alerta a la Fiscalía y a la propia Justicia Federal por posibles fallas sistémicas en la transición al modelo acusatorio.
El hallazgo se dio a conocer el 30 de agosto de 2026, cuando fiscales federales de la Oficina del Ministerio Público Fiscal de Rosario recibieron expedientes que no habían sido registrados en sus bases de datos desde entre 2018 y 2023. Los documentos, que correspondían a denuncias presentadas en el antiguo sistema procesal, mostraron una ausencia total de actuaciones investigativas o judiciales posteriores.
Según el informe preliminar, la mayor concentración de causas inactivas se registró en los juzgados federales Nº 3 y Nº 4 de la ciudad, donde se contabilizaron 3 420 y 2 785 expedientes respectivamente. Estas unidades fueron las primeras en adoptar el modelo acusatorio en mayo de 2024, lo que sugiere una posible brecha en la migración de los archivos del antiguo régimen.
El retraso medio en la derivación de los casos alcanzó los cinco y seis años, según datos extraídos de los registros de la Fiscalía Federal. En varios de esos casos, la dilación compromete la recolección de pruebas, la identificación de testigos y, en algunos procesos, la propia existencia del delito, lo que podría derivar en archivos definitivos o en nulidades procesales.
Ante la magnitud del problema, la Procuración General, encabezada por la procuradora María Eugenia Rojas, solicitó el inicio de una auditoría integral el 12 de julio de 2026. El objetivo es determinar cuántas causas permanecieron efectivamente inactivas, identificar el estado procesal de cada expediente y establecer las causas estructurales que impidieron su tramitación oportuna.
Los expertos legales citados por el Ministerio Público Fiscal advierten que la falta de seguimiento de tantas causas podría erosionar la confianza ciudadana en la justicia federal. Mientras la auditoría avanza, se espera que el informe final, cuya entrega está prevista para diciembre de 2026, incluya propuestas de reforma administrativa y tecnológica para evitar la repetición de este tipo de omisiones en el futuro.
De acuerdo con información difundida por: Poder Judicial
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