
El fiscal Juan José Gutiérrez solicitó este lunes un peritaje informático para desentrañar la manipulación de los archivos que autorizaron pagos irregulares en la Armada Argentina, una medida que podría identificar a los funcionarios involucrados y ampliar la investigación que ya ha revelado más de US$ 3,2 millones desviados entre 2018 y 2022.
El pedido de peritaje fue presentado ante el Juzgado Federal Nº 2 de la Capital el 15 de junio de 2024, tras la presentación de pruebas documentales que indicaban alteraciones en los registros del Sistema de Gestión de Pagos (SGP) de la Armada. El perito designado, el ingeniero informático Carlos Martínez, cuenta con experiencia en análisis forense de sistemas bancarios y militares.
Según el expediente, los archivos modificados contenían códigos de autorización que permitían la acreditación de fondos a empresas vinculadas a contratistas de la industria naval, entre ellos la firma Tecnologías Marinas S.A., cuyo director, Ricardo López, había sido citado previamente como testigo.
El análisis preliminar de Martínez reveló que las alteraciones se realizaron mediante scripts de automatización insertados en la base de datos el 23 de noviembre de 2020, fecha en la que se aprobó la transferencia de US$ 1,1 millones a la cuenta de la empresa constructora Naval del Sur.
El fiscal Gutiérrez señaló que la pericia buscará identificar los usuarios que ejecutaron los scripts, rastrear las direcciones IP de los equipos involucrados y reconstruir la cadena de custodia de los documentos electrónicos, con el objetivo de determinar la responsabilidad penal de los oficiales de la Armada.
El caso ha generado una fuerte presión política en Buenos Aires; el ministro de Defensa, Agustín Rossi, anunció una auditoría interna en la Armada y prometió colaborar con la justicia para esclarecer los hechos.
La Fiscalía Nacional Económica, que lidera la investigación, indicó que la información obtenida del peritaje podría ser utilizada para ampliar las acusaciones a otros funcionarios del Ministerio de Defensa y a empresas del sector privado que se beneficiaron de los pagos irregulares.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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