En menos de diez días, el escenario judicial de Santa Cruz se transformó: la Legislatura descartó la moción de juicio político contra cuatro magistrados y, simultáneamente, la Caja de Previsión Social aprobó la jubilación anticipada de tres de ellos, provocando una fuerte denuncia de la oposición sobre un supuesto blindaje judicial impulsado por el gobernador Claudio Vidal.
El 10 de junio de 2026, la Cámara de Diputados de Santa Cruz rechazó el pedido de juicio político presentado por la bancada oposicionista contra los jueces Julio Martínez, Ana Lucía Gutiérrez, Carlos Sosa y María Elena Ríos, argumentando insuficiencia de pruebas y vulneración del principio de separación de poderes.
Dos días después, el 12 de junio, la Caja de Previsión Social del sector judicial emitió la resolución que otorga la jubilación anticipada a Martínez, Gutiérrez y Sosa, bajo el régimen de “retiro por antigüedad” que permite la salida antes de los 65 años tras 35 años de servicio.
El gobernador Claudio Vidal, quien asumió el cargo el 10 de diciembre de 2023, defendió la medida como “un acto de responsabilidad institucional”, asegurando que la salida de los magistrados no afecta la independencia del Tribunal Superior de Justicia.
Reacción de la oposición y acusaciones de blindaje
El líder opositor Luis Fernando Cañete, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en la Legislatura, calificó la simultaneidad de los actos como “un golpe al control democrático”, señalando que la jubilación fue acordada en una reunión cerrada del Consejo de la Caja de Previsión el 9 de junio.
Los partidos de la oposición presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz, argumentando que la maniobra busca proteger a los jueces de futuras investigaciones por presuntos favorecimientos a empresas vinculadas al gobierno provincial.
Expertos en derecho constitucional de la Universidad Católica Boliviana, como la doctora Verónica Alvarado, advierten que el caso podría sentar un precedente sobre la vulnerabilidad de los procesos de control político a decisiones administrativas de carácter interno.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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