Mariano Gaido, quien había consolidado su imagen de sucesor político en Neuquén, enfrenta ahora una oleada de reclamos por la inseguridad que vuelve a encabezar la agenda ciudadana, generando presión sobre su gestión y avivando el debate sobre la capacidad del municipio para garantizar la seguridad pública.
En los últimos seis meses, la Policía de Neuquén registró un incremento del 27 % en los robos con violencia en la capital, alcanzando 1 842 denuncias entre enero y junio de 2024, según datos oficiales del Ministerio de Seguridad de la Provincia. Este repunte supera la media de los últimos tres años y ha reactivado la preocupación de los vecinos, especialmente en los barrios de San Martín y El Chañar.
El 12 de julio de 2024, cientos de ciudadanos se congregaron frente al Palacio Municipal para exigir mayor presencia policial y una estrategia integral contra la delincuencia. La manifestación, organizada por la Unión de Vecinos de Neuquén (UVN), contó con la participación de la agrupación de comerciantes del centro y de la Federación de Trabajadores del Estado (FTE), quienes demandaron respuestas concretas al aumento de asaltos nocturnos.
En respuesta, el intendente Gaido anunció el 15 de julio la creación de una “Comisión de Seguridad Integral”, integrada por la Secretaría de Seguridad Municipal, la Policía Provincial y representantes de la sociedad civil. La comisión tiene como objetivo presentar un plan de acción en 30 días, que incluirá la instalación de 12 cámaras de vigilancia en puntos críticos y la contratación de 50 agentes adicionales para patrullas móviles.
El jefe de la Policía Provincial, el coronel Martín López, señaló que el déficit de recursos y la falta de coordinación entre fuerzas locales y provinciales son los principales obstáculos. “Necesitamos una mayor dotación de unidades móviles y la implementación de un centro de monitoreo que opere 24 horas”, declaró en una rueda de prensa el 18 de julio, subrayando la urgencia de una respuesta conjunta.
Sin embargo, la oposición política, liderada por la presidenta de la Cámara de Diputados provinciales, María Pérez (Frente de Todos), criticó la medida como insuficiente. En su intervención del 20 de julio, Pérez afirmó que “la inseguridad es el síntoma de una gestión que ha priorizado la política de sucesión sobre la seguridad de los ciudadanos” y exigió la renuncia del secretario de Seguridad municipal.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos han pedido que se investiguen los casos de violencia policial reportados en los barrios más vulnerables. Un informe de la Comisión Provincial de Derechos Humanos, publicado el 22 de julio, documentó 14 denuncias de abuso de fuerza en los últimos tres meses, lo que complica aún más la agenda de Gaido al requerir equilibrar la represión del delito con el respeto a los derechos civiles.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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