Felipe Neto, uno de los creadores de contenido más seguidos de Brasil, elevó una nueva denuncia por difamación contra Fernando Cerimedo, quien sigue bajo custodia en Bolivia por presunto intento de asesinato contra su ex‑pareja Nadia Beller. La acusación se basa en declaraciones realizadas durante la campaña presidencial de 2022, y el caso vuelve a encender el debate sobre la responsabilidad legal de los influencers en América Latina.
El 23 de agosto de 2024, el tribunal de primera instancia de Río de Janeiro recibió la demanda formal presentada por la procuradora de Felipe Neto, la abogada Mariana Alves, quien solicitó una orden de cesión y una indemnización por daños morales. En el escrito, Neto argumenta que Cerimedo difundió “información falsa y calumniosa” que dañó su reputación profesional y personal.
Cerimedo, de nacionalidad argentina, fue detenido en La Paz el 12 de marzo de 2024 tras la solicitud de extradición emitida por la Fiscalía boliviana, bajo cargos de tentativa de homicidio contra Nadia Beller, su ex‑novia. La investigación reveló que, el 28 de octubre de 2022, Cerimedo habría intentado agredir a Beller con un arma blanca, lo que provocó su captura y posterior encierro en la cárcel de San Pedro.
Durante los debates electorales de Brasil en noviembre de 2022, Cerimedo apareció en varios programas de televisión y redes sociales, alegando que Neto había financiado campañas de desinformación contra candidatos de derecha. En sus intervenciones, el consultor acusó a Neto de “manipular a la juventud para destruir valores tradicionales”, sin aportar pruebas verificables.
La legislación brasileña contempla la difamación como delito penal y civil, con penas que pueden alcanzar los dos años de prisión y multas de hasta 40 salarios mínimos, según el Código Penal y la Ley de Responsabilidad Civil. La demanda de Neto busca, además de la reparación económica, una sentencia que impida a Cerimedo repetir las acusaciones en cualquier medio.
El portavoz de Felipe Neto, Carlos Ribeiro, declaró que “la libertad de expresión no ampara la difusión de mentiras que atentan contra la integridad de una persona”. Por su parte, el representante legal de Cerimedo, Diego Martínez, argumentó que “las declaraciones fueron opiniones basadas en hechos públicos y no constituyen difamación”. El caso seguirá bajo la atención de la opinión pública, mientras se discute la necesidad de regular el discurso de los influencers en el entorno digital.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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