El Gobierno nacional asignó, mediante la Resolución 1379/2026, la gestión privada de la autopista Rosario‑Córdoba y de las rutas 11, 19 y 34 en Santa Fe, marcando el último paso de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. La medida, firmada por el ministro Luis Caputo, introduce nuevos peajes y tarifas que impactarán a millones de usuarios a partir del 24 de agosto 2026.
El anuncio oficial, difundido por Vialidad Nacional, incluye el tramo central de la RN 9 entre Rosario y Córdoba, la RN 19 desde Santo Tomé a San Francisco, la RN 34 entre Rosario y Angélica, y el segmento de la RN 11 que une a Nelson con Resistencia. Además, la porción norte‑central de la RN 34, que va de Angélica a Santiago del Estero, quedó dentro del mismo proceso.
La adjudicación se enmarca en la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, un esquema que delega la inversión, el mantenimiento y la operación de la infraestructura vial al sector privado sin erogaciones directas del Estado. El contrato tendrá una vigencia inicial de 20 años, con opción a prorrogarse hasta 30 años, y contempla que el concesionario recupere la inversión mediante el cobro de peajes a automóviles, camiones y demás vehículos.
Según los términos publicados, el nuevo modelo de peaje fijará tarifas diferenciadas según tipo de vehículo y distancia recorrida. Se estima que el costo promedio para un automóvil será de aproximadamente 0,12 USD por kilómetro, mientras que los camiones de carga pagarán alrededor de 0,30 USD por kilómetro, con ajustes anuales vinculados al índice de precios al consumidor.
El proceso de licitación contó con la participación de ocho consorcios nacionales e internacionales. Vialidad Nacional señaló que el consorcio liderado por Autopistas del Litoral S.A., en asociación con la firma Infraestructura Argentina S.A., resultó adjudicatario de los tramos mencionados, garantizando la experiencia previa en la gestión de corredores de alta demanda.
Los expertos en transporte estiman que la privatización mejorará la calidad de la superficie vial y reducirá los tiempos de viaje en un 15 % en promedio, aunque advierten que los usuarios deberán adaptarse a los nuevos cobros. La medida, que forma parte de una política de desestatización de la infraestructura, será observada de cerca por otras provincias que contemplan procesos similares.
De acuerdo con información difundida por: La Capital
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