Dura derrota legislativa para el Gobierno: el oficialismo retira la modificación a la Ley de Tierras por falta de apoyos
La jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, debió acordar con los bloques dialoguistas la exclusión de las modificaciones a la Ley de Tierras ante la escasez de respaldos parlamentarios, en lo que representa un duro revés político para la administración nacional.
El proyecto impulsado por el oficialismo sufrió un colapso numérico acelerado en la Cámara alta luego de que diversos gobernadores provinciales manifestaran públicamente su rechazo a flexibilizar la venta de inmuebles rurales a capitales extranjeros. La iniciativa, que formaba parte del paquete de reformas estructurales del Ejecutivo y contaba con el impulso del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, acumulaba su versión número 16 en medio de profundas rispideces técnicas y políticas.
El quiebre definitivo en la aritmética legislativa se consolidó cuando mandatarios provinciales como Rolando Figueroa (Neuquén), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Hugo Passalacqua (Misiones) fijaron postura en contra de la extranjerización de los recursos naturales. Este rechazo en cadena provocó un efecto dominó que desmoronó los votos con los que especulaba la bancada oficialista, imposibilitando alcanzar el piso mínimo de 37 voluntades necesarias para habilitar la sanción de ese capítulo específico.
A este escenario adverso en el plano numérico se sumó una masiva convocatoria de organizaciones sociales, ambientales, partidos políticos y sindicatos frente al Congreso Nacional. El temor a un desgaste institucional en las calles y la falta de consenso transparente en el proceso de redacción aceleraron la decisión de amputar el articulado más resistido antes de iniciar el debate formal en el recinto.
La resolución de dar marcha atrás con el capítulo vinculado a las tierras se cocinó durante una reunión relámpago celebrada en las oficinas del bloque radical. Allí, la conducción libertaria constató que persistir en la votación implicaba una derrota parlamentaria de proporciones y un costo político innecesario para el oficialismo en la previa de una jornada caliente.
La estrategia de exclusión fue acordada de manera conjunta entre legisladores de La Libertad Avanza y referentes de espacios aliados, entre ellos Luis Juez, Bartolomé Abdala, Eduardo Vischi, Maximiliano Abad, Martín Goerling y Carlos Espínola. Voceros del cuerpo legislativo reconocieron que el manejo de las modificaciones sucesivas generó cortocircuitos internos, al punto que el propio diseño original del ministro coordinador quedó desnaturalizado tras las negociaciones de última hora.
En paralelo a la negociación por el articulado, la sesión de este jueves quedó atravesada por un fuerte cruce institucional entre Patricia Bullrich y la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. El motivo de la disputa fue la autorización otorgada a la senadora opositora Anabel Fernández Sagasti para emitir sufragio de manera remota debido a un embarazo avanzado de riesgo, una decisión calificada por el bloque oficialista como un antecedente reglamentario inadmisible que profundizó la interna en el plano legislativo.
"La presentación judicial y el debate político surgieron porque no se contemplaron las advertencias previas, pero el sistema institucional respondió al marcar límites claros", señalaron fuentes parlamentarias al evaluar la magnitud del retroceso oficial. Pese a la caída del capítulo sobre tierras, el resto del proyecto normativo continuará su curso en el recinto con medidas destinadas a modificar los regímenes de desalojos, las condiciones para expropiaciones empresariales y el marco regulatorio de predios afectados por incendios.
El episodio desnuda las dificultades operativas que atraviesa el oficialismo para consolidar mayorías estables en un Parlamento fragmentado, donde la resistencia de los distritos provinciales opera como un filtro inquebrantable frente a los proyectos de desregulación profunda. La votación definitiva marcará el pulso de la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores dialoguistas de cara a la segunda mitad del período legislativo.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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