Las familias de las víctimas de fentanilo contaminado en Rosario calificaron de burla la reciente declaración de dos exfuncionarias del sector salud, mientras la causa judicial avanza con testimonios contradictorios que ponen en el foco la responsabilidad institucional y la falta de controles efectivos.
El 25 de agosto de 2026, el juzgado federal de Rosario recibió la primera declaración de Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), quien sostuvo que Nélida Agustina Bisio y Enriqueta Pearson, exsubadministradora de la ANMAT, no podían emitir informes sin la autorización previa del Ministerio de Salud de la Nación, liderado por el ministro Mario Lugones.
Horas después, Nélida Agustina Bisio, exfuncionaria del Ministerio de Salud, compareció ante el mismo tribunal y afirmó que, si bien existían protocolos internos, la presión política había limitado su capacidad de actuar de forma independiente, señalando que “las decisiones fueron filtradas por la oficina del ministro”.
Los testimonios revelaron que los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, proveedores de fentanilo al mercado rosarino, habían recibido autorizaciones de distribución sin la inspección requerida; según el expediente judicial, al menos ocho lotes fueron comercializados entre enero y junio de 2026, provocando 12 fallecimientos y 34 internaciones en hospitales locales.
Ivana Esteban, vocera del grupo de familias de víctimas, denunció que “se trata de una burla a la salud pública y a la política; la prioridad es el blindaje político y corporativo”, y exigió que se investigue cuántas oportunidades se perdieron para detener la cadena de suministro del fármaco adulterado.
El fiscal a cargo del caso, Jorge Maldonado, informó que se ampliará la indagatoria a otros funcionarios del Ministerio y a directivos de los laboratorios implicados, y que la audiencia del 30 de agosto incluirá a representantes de la ANMAT y del Ministerio de Salud para esclarecer la cadena de decisiones.
Mientras tanto, la comunidad médica de Rosario ha pedido la creación de un comité independiente de vigilancia de medicamentos, que incluya a expertos de la Universidad Nacional de Rosario y a organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de evitar que situaciones similares se repitan.
De acuerdo con información difundida por: La Capital
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