El nuevo Programa para la Detección y Bloqueo de telefonía móvil, oficializado este 15 de julio, busca cortar la red de comunicaciones de bandas criminales dentro de 30 penales, con la promesa de reducir en un 40 % los incidentes de coordinación ilícita que ponen en riesgo la seguridad pública.
El Ministerio de Seguridad, bajo la conducción del ministro Diego Gómez, firmó la orden ejecutiva en la sede de la Secretaría de Penitenciaría de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo un marco legal que permite la instalación de equipos de detección y bloqueo de señales móviles en todos los establecimientos penitenciarios a partir del 1 de septiembre de 2024.
El programa contempla la compra de 120 sistemas de detección de frecuencias, fabricados por la empresa tecnológica Argentech, y la implementación de 250 estaciones de interferencia de señal, que operarán de forma automática para neutralizar cualquier intento de uso de teléfonos dentro de los muros carcelarios.
Con un presupuesto inicial de 850 millones de pesos, el proyecto se desplegará en tres fases: una piloto en los penales de La Plata, Córdoba y Mendoza; una expansión a los 27 restantes durante el segundo semestre; y una fase de monitoreo y ajuste tecnológico que concluirá a finales de 2025.
La medida responde a una ola de incidentes registrados en los últimos dos años, entre los que destaca el caso de la banda “Los Rojos”, que utilizó teléfonos clandestinos para organizar un secuestro colectivo en la cárcel de Ezeiza en enero de 2024, provocando la muerte de tres guardias.
El objetivo declarado es prevenir, disuadir y neutralizar conductas vinculadas al uso de telecomunicaciones, impidiendo que los internos planifiquen fugas, contrabando de drogas o actos de violencia dentro y fuera del sistema penitenciario.
Reacciones y críticas
Organizaciones de derechos humanos, como la Comisión de Defensa de los Presos (CDP), han denunciado que el bloqueo total de señal podría vulnerar el derecho a la comunicación de los internos y sus familias, exigiendo la implementación de canales de contacto controlado y supervisado.
El sindicato de trabajadores penitenciarios, liderado por María López, manifestó su apoyo a la iniciativa, argumentando que la reducción de la violencia interna y la mejora de la seguridad del personal son prioridades que justifican la medida.
Expertos en telecomunicaciones advierten que el uso indiscriminado de interferencia puede afectar a redes civiles en los alrededores de los penales, por lo que se ha acordado establecer zonas de exclusión y calibrar la potencia de los dispositivos para evitar interferencias colaterales.
El Poder Judicial ha recibido dos recursos de amparo que cuestionan la constitucionalidad del programa; sin embargo, el tribunal de la Capital Federal concedió una suspensión provisional, permitiendo que el despliegue continúe mientras se evalúan los argumentos legales.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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