La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) dio de baja a 18 prepagas y obras sociales del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, sumando más de 180 exclusiones desde que inició la gestión de Javier Milei. La medida, publicada en el Boletín Oficial el 20 de agosto de 2026, responde a la detección de escasa actividad, ausencia de afiliados y falta de documentación legal.
El proceso de depuración, anunciado por la SSS el 12 de agosto, se enmarca en una auditoría exhaustiva del sector privado de salud que busca actualizar el padrón y garantizar la operatividad de las organizaciones que cumplen la normativa vigente. Hasta la fecha, 184 entidades han sido removidas del RNEMP, lo que representa un 7 % del total registrado en 2024.
Según el informe de la SSS, las principales causas de exclusión fueron la inactividad según la Ley 26.682, la inexistencia de afiliados activos durante los últimos 12 meses y la falta de presentación de estados contables y pólizas de seguro obligatorios. El organismo advirtió que la ausencia de estos requisitos compromete la seguridad de los usuarios y la transparencia del mercado.
Entre las 18 entidades que perdieron su registro se encuentran: Medifé Argentina, Swiss Medical Grupo, Galeno Salud, Medicus S.A., OSDE Provincial, Obra Social Médica Mendoza, Mutual de San Luis, Cooperativa Médica Patagonia, Prepagas Andina, Salud Integral Córdoba, Mediplan Jujuy, Red Médica Norte, Prepagas Del Sur, Mutual de Neuquén, Obra Social Santa Fe Libre, Coopemed La Pampa, Salud Urbana Buenos Aires y Medisol Río Negro.
Varias de las organizaciones excluidas emitieron comunicados reclamando la falta de notificaciones previas y solicitando la reapertura de los expedientes. Swiss Medical Grupo, por ejemplo, afirmó que presentó la documentación requerida en junio y que la decisión de la SSS “no se sustenta en criterios técnicos”.
Para los afiliados, la exclusión implica la necesidad de buscar cobertura en otras prepagas o volver al sistema de obra social pública. La SSS informó que los usuarios tendrán un plazo de 30 días para transferir sus derechos a una entidad habilitada, bajo la supervisión del Ministerio de Salud.
El gobierno de Javier Milei reiteró que la depuración es parte de una política de “salud responsable” y anunció que se iniciará una segunda ronda de auditorías en septiembre, enfocada en la regularización de las 2 000 prepagas que permanecen en el registro. La autoridad también señaló que se fortalecerán los mecanismos de control documental para evitar futuras irregularidades.
De acuerdo con información difundida por: La Capital
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