El escándalo que envuelve a Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei, se intensifica mientras el presidente busca contener la erosión de su base electoral y proyectar una imagen de estabilidad al establishment.
El 12 de junio de 2024, la Fiscalía Federal de la Nación abrió una causa contra Fernando Cerimedo por presunta financiación irregular de la campaña presidencial de 2023, incluyendo transferencias a cuentas offshore detectadas por la investigación “Operación Cúpula”. Documentos judiciales revelaron que al menos US$ 2,3 millones fueron canalizados a través de sociedades en Panamá y Islas Caimán.
Ante la presión mediática, Milei decidió moderar su discurso en la sesión del Congreso celebrada el 14 de junio, evitando ataques directos a la oposición y enfocándose en la “unidad nacional”. En su alocución, el mandatario afirmó que el gobierno mantiene “una política de cero tolerancia a la corrupción” y prometió “transparentar todas las gestiones de sus colaboradores”.
Los últimos sondeos de Parametría, publicados el 15 de junio, mostraron una caída del 4 % en la intención de voto de Milei, pasando del 28 % al 24 % entre los votantes indecisos. Analistas políticos de la Universidad Torcuato Di Tella atribuyen la pérdida a la percepción de falta de control interno y a la exposición de la red de contactos de Cerimedo con empresarios del sector energético.
Repercusiones políticas
El líder opositor, Sergio Massa, aprovechó la coyuntura para acusar a Milei de “encubrir una trama de corrupción”. En una rueda de prensa en la Ciudad de Buenos Aires, Massa señaló que “el gobierno está jugando con la confianza del pueblo al permitir que un exasesor con antecedentes judiciales siga influyendo en la toma de decisiones”.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Cristian Rossi, anunció el 16 de junio la creación de una comisión bicameral para revisar los antecedentes de todos los asesores cercanos al Ejecutivo. La medida, que incluye la presentación de informes mensuales a la AFIP, busca “garantizar la transparencia y evitar futuros escándalos”.
Mientras tanto, la AFIP inició una auditoría exhaustiva de los fondos declarados por Cerimedo entre 2022 y 2024. La investigación, que se espera concluya a finales de julio, podría derivar en multas y, de confirmarse la ilícita procedencia de los recursos, en procesos penales que involucren a funcionarios del gabinete de Milei.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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