Un nuevo detenido fue incorporado a la investigación del ataque contra la abogada Nadia Beller, mientras otro presunto tirador compareció ante la Policía negando su participación. La justicia boliviana lo citará a declarar en horas, y la medida mantiene a Beller bajo custodia domiciliaria tras su alta médica.
El 18 de agosto de 2024, Nadia Beller, reconocida defensora de derechos humanos, sufrió un atentado con arma de fuego frente a su domicilio en la zona de San Miguel, La Paz. Fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario Mayor, donde permaneció internada durante cinco días bajo observación intensiva.
El 23 de agosto, el personal médico dio de alta a Beller, aunque la orden judicial impuso su custodia permanente en el domicilio, bajo vigilancia policial las 24 horas. La medida, dictada por el juez de control de La Paz, busca prevenir nuevos intentos y garantizar su seguridad mientras se esclarecen los hechos.
El 24 de agosto, la Fiscalía Especial contra la Violencia Política anunció la detención de Carlos Mendoza, de 34 años, identificado como posible cómplice del ataque. Mendoza fue interceptado en el barrio de Sopocachi mientras intentaba abandonar la ciudad; la policía recuperó un arma de calibre .38 y un teléfono móvil que, según peritajes, contiene mensajes vinculados al caso.
En la misma jornada, otro individuo, Juan Quintero, de 28 años, se presentó voluntariamente ante la División de Investigaciones Criminales y negó rotundamente cualquier relación con el atentado. Quintero, quien había sido citado como testigo, aseguró que su presencia en el lugar fue coincidencia y que no posee armas ni contactos con el círculo de Mendoza.
Fernando Cerimedo, detenido en el centro penitenciario de Palmasola desde el 20 de julio, sigue bajo acusación de intento de femicidio contra Beller. La defensa de Cerimedo ha solicitado la revisión del caso, alegando pruebas insuficientes; sin embargo, el Ministerio Público mantiene la acusación basada en testimonios de testigos presenciales y análisis balísticos.
El Ministerio de Justicia, a través del subsecretario de Derechos Humanos, reiteró su compromiso de investigar a fondo el caso y de proteger a los profesionales del derecho que enfrentan amenazas. La próxima audiencia, programada para el 27 de agosto, será clave para determinar la responsabilidad de Mendoza y esclarecer la posible implicación de otros sospechosos.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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