Advierten que Nación recorta fondos para diálisis a los afiliados a Pami

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La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra) advirtió este lunes que los recortes presupuestarios de Nación ponen en riesgo la continuidad de los tratamientos de diálisis para unos 4.700 afiliados a Pami, una cifra que representa casi el 15 % del total de pacientes crónicos del país.

Cadra, que agrupa a más de 200 centros de diálisis distribuidos en todas las provincias, emitió un comunicado en el que precisó que los fondos destinados al programa de atención dialítica del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami) fueron reducidos en 1.200 millones de pesos en el presupuesto de 2027, aprobado el 15 de julio.

Los recortes afectan directamente a instituciones como el Hospital Italiano de Buenos Aires, el Sanatorio Otamendi de La Plata y el Centro de Diálisis del Hospital Regional de Mendoza, que reportan una disminución del 12 % en la disponibilidad de insumos críticos como filtros y soluciones de dializado.

El Ministerio de Salud, a través de la subsecretaría de Atención Primaria, informó que la medida forma parte de una reestructuración fiscal que busca equilibrar el déficit nacional, pero reconoció que la reducción podría implicar la suspensión de hasta 15 sesiones semanales en algunos centros.

El director de Pami, Dr. Carlos Martínez, sostuvo en una rueda de prensa el 22 de agosto que el instituto está trabajando en un plan de contingencia que incluye la reasignación de recursos internos y la negociación de convenios con proveedores para evitar la interrupción de los tratamientos.

Familiares de pacientes, encabezados por la agrupación “Vidas en Diálisis”, anunciaron una marcha nacional para el 5 de septiembre en la Plaza de Mayo, exigiendo la restitución inmediata de los fondos y la garantía de atención sin interrupciones.

Este episodio se suma a una serie de recortes en salud pública anunciados desde 2024, cuando el gobierno redujo en un 8 % los recursos destinados a la compra de medicamentos oncológicos, generando preocupación entre los gremios y la sociedad civil sobre la sostenibilidad del sistema de salud argentino.




De acuerdo con información difundida por: La Capital

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