Trump rechazó suspender los controles de tráfico de ICE tras dos muertes operativas

El presidente estadounidense desautorizó la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de congelar los retenes viales y ordenó la continuidad de las medidas de seguridad migratoria.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, intervino de manera directa en la política de control migratorio al rechazar la suspensión de los retenes de tránsito vehiculares implementados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La medida de fuerza de la Casa Blanca desautorizó de forma pública la resolución previa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que había determinado congelar temporalmente los operativos viales tras el fallecimiento de un ciudadano colombiano y otro mexicano en episodios recientes que involucraron disparos de agentes federales.

La discrepancia interna entre el ala política del Ejecutivo y los cuadros técnicos de seguridad expone la tensión existente en torno a la rigidez de los operativos de deportación masiva. A través de un descargo en sus canales de comunicación oficiales, el mandatario estadounidense calificó a los controles de tráfico como herramientas indispensables en la lucha contra la criminalidad, enmarcando la suspensión sugerida por el propio DHS como una concesión frente a los reclamos de los sectores opositores en el Congreso.

El conflicto administrativo se desarrolla en un contexto de fuerte fricción diplomática con los gobiernos de la región, los cuales han incrementado las protestas formales y las acciones judiciales en territorio estadounidense para denunciar presuntos excesos en el uso de la fuerza por parte de los agentes de frontera y del personal del ICE. Asimismo, el debate reactivó las diferencias operativas con los denominados "estados santuario", cuyas policías locales mantienen la política de no cooperación con los requerimientos de detención de las agencias federales.

El impacto de los decesos en Maine y Texas y la postura del ICE

La controversia escaló tras registrarse dos decesos con pocos días de diferencia en diferentes puntos del país. El primer hecho de gravedad ocurrió en el estado de Maine, donde Joan Sebastián Durán, un joven colombiano de 26 años, resultó muerto por disparos de un efectivo del ICE. Pocos días antes, una situación de características similares en la ciudad de Houston, Texas, culminó con el fallecimiento de Lorenzo Salgado, un ciudadano de nacionalidad mexicana que residía en territorio estadounidense desde hacía varios años.

En ambas secuencias operativas, los oficiales involucrados manifestaron ante las instancias de control interno que abrieron fuego debido a que los sospechosos intentaron evadir el control de tránsito mediante maniobras de fuga que pusieron en riesgo la integridad física de los agentes desplegados en el terreno. Estos argumentos, recurrentes en los reportes de incidentes viales de las fuerzas federales, son objetados por familiares y testigos que presenciaron los operativos de detención.

"No podemos renunciar a una de las herramientas contra el crimen más importantes y efectivas de ICE: ¡Los controles de tráfico!", argumentó de forma tajante el presidente estadounidense. Su postura ratifica el respaldo irrestricto de la administración a las tareas de patrullaje callejero e interceptación vehicular directa, desestimando la conmoción pública generada en las inmediaciones de la oficina del organismo en la localidad de Scarborough, Maine, donde activistas locales se concentraron para exigir el cese de los patrullajes armados.

Investigaciones parlamentarias y reclamos de las representaciones extranjeras

La reiteración de fatalidades en los procesos de detención reavivó los cruces legales y diplomáticos en Washington. La cancillería mexicana, mediante una serie de presentaciones institucionales, denunció que la cifra de sus ciudadanos muertos bajo custodia o en el marco de operativos de deportación ascendió considerablemente desde la asunción de la actual gestión federal estadounidense. Ante este escenario, las representaciones consulares del país latinoamericano anunciaron el inicio de querellas y demandas penales contra las directivas operacionales del Gobierno federal.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó con dureza frente al fallecimiento de su connacional en la región del noreste de Estados Unidos, calificando el accionar de los agentes del ICE como un asesinato y demandando una clarificación exhaustiva de los hechos por parte del Departamento de Justicia. Desde el plano doméstico, el secretario de Seguridad Nacional en funciones ordenó la apertura de auditorías internas para evaluar la proporcionalidad en el uso de armas de fuego durante las detenciones vehiculares rutinarias.

El debate por las atribuciones de la policía migratoria coincidió con el proceso de audiencias en el Senado de los Estados Unidos para la confirmación de cargos clave en el gabinete judicial. Durante su presentación en el recinto legislativo, el fiscal general en funciones, Todd Blanche, debió responder cuestionamientos sobre los mecanismos de rendición de cuentas del personal federal:

"Espero que esas investigaciones sean conducidas de la misma manera que otras investigaciones de ese tipo, y eso necesariamente implica trabajar con policías estatales y locales".

Tensiones logísticas y el precedente de Mineápolis

La puja en torno a la validez de los retenes viales no constituye un hecho aislado en el esquema de seguridad del Gobierno de Trump. A principios de año, la muerte de los activistas Renee Good y Alex Pretti en la ciudad de Mineápolis, Minnesota, ya había forzado una revisión técnica de los protocolos de acercamiento del ICE, evidenciando los riesgos colaterales que conllevan las intervenciones sorpresivas en áreas de alta circulación de civiles.

El nudo de la discusión jurídica radica en el grado de inmunidad civil y penal del que gozan los agentes de la policía migratoria en el ejercicio de sus funciones de patrullaje. Mientras la oposición demócrata insiste en que las atribuciones del organismo de seguridad exceden el marco legal vigente y avasallan los derechos de personas que cuentan con su documentación en regla, el oficialismo defiende la continuidad del actual esquema de persecución del delito de residencia irregular argumentando que las estadísticas delictivas globales han mostrado contracciones favorables en las principales metrópolis estadounidenses.

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De acuerdo con información difundida por: France 24