De Loredo y Mestre negocian un acuerdo para evitar la interna de la UCR cordobesa
Tras el fallido intento de prorrogar los mandatos partidarios, Rodrigo de Loredo y Ramón Mestre iniciaron gestiones reservadas en Córdoba. La cúpula radical busca alcanzar una lista de unidad para eludir el desgaste de las urnas y ordenar el espacio político frente al avance libertario.
El reloj corre de manera inexorable para la Unión Cívica Radical en la provincia de Córdoba. Con el calendario electoral pisando los talones y los plazos orgánicos a punto de vencer, la conducción del partido se encuentra ante una encrucijada política de resolución inminente.
El oficialismo partidario, liderado en tándem por el diputado nacional Rodrigo de Loredo y el actual presidente del comité provincial, Marcos Ferrer, decidió cambiar de estrategia. La decisión llega tras sufrir un duro revés interno por parte de las asambleas locales.
Luego de que el bloque opositor desaprobara la propuesta para extender los mandatos vigentes por un año más, el escenario de confrontación directa parecía completamente inevitable. Sin embargo, la perspectiva de una contienda desgastante encendió las alarmas de todos los sectores involucrados.
Frente a este panorama, los operadores políticos del espacio mayoritario comenzaron a tender puentes hacia la disidencia. Del otro lado de la mesa de negociaciones se ubica Ramón Mestre, el exintendente de la capital mediterránea que aglutina a un sector crítico del deloredismo.
Pese a las marcadas diferencias metodológicas e ideológicas que arrastran desde hace años, el referente opositor dejó trascender su disposición al diálogo. La única exigencia planteada radica en que se respeten condiciones de equilibrio real en el reparto del poder institucional.
La necesidad de un entendimiento mutuo responde a un cálculo básico de supervivencia política. Un enfrentamiento en las urnas no solo consumiría recursos económicos vitales, sino que expondría la fractura de un partido que aspira a ser alternativa de gobierno.
El rechazo a la prórroga institucional y el giro hacia el consenso partidario
El punto de quiebre que aceleró estas conversaciones reservadas se produjo semanas atrás. La conducción encabezada por el intendente Marcos Ferrer argumentaba que la complejidad del escenario nacional justificaba mantener la estructura actual sin ningún tipo de alteraciones.
Su intención era prorrogar la gestión ejecutiva que finaliza de manera oficial el próximo 30 de septiembre. De esta forma, el oficialismo buscaba esquivar el ruido político y la movilización de recursos que conlleva convocar a los afiliados a los lugares de votación.
La maniobra chocó de frente contra el bloque mestrista y otras vertientes tradicionales del partido. La oposición interna impuso su número para bloquear la extensión temporal, exigiendo el cumplimiento irrestricto de lo dictado por la carta orgánica provincial.
Este movimiento dejó al oficialismo sin su plan original de retención del poder y forzó la apertura del debate sobre las nuevas autoridades. Ahora, con la herramienta de la prórroga totalmente descartada, la mesa de acuerdo se presenta como la vía prioritaria.
Los mediadores de ambas líneas intentan conformar un esquema de conducción colegiada que logre integrar a las minorías. El objetivo central de De Loredo es evitar una votación abierta que debilite su figura de cara a sus aspiraciones ejecutivas para el turno electoral de 2027.
La sombra de La Libertad Avanza y la disputa de identidad en la UCR
El trasfondo de esta fuerte tensión organizativa no es puramente administrativo. La verdadera disputa que divide a la dirigencia cordobesa radica en el posicionamiento estratégico del partido frente al gobierno nacional de Javier Milei.
Tanto Rodrigo de Loredo como Marcos Ferrer han mostrado recurrentes gestos de acercamiento táctico hacia La Libertad Avanza. El oficialismo provincial explora de manera abierta una convergencia electoral futura para fortalecer su volumen político en la provincia.
Desde la perspectiva de los actuales conductores, la realidad de las urnas impone un pragmatismo ineludible. Sostienen que resulta imposible competir contra el peronismo provincial sin absorber o aliarse con el importante caudal de votos que ostentan los libertarios.
Por el contrario, el núcleo duro que encarna Ramón Mestre rechaza de plano la subordinación de la centenaria maquinaria radical a la agenda de la Casa Rosada. Acusan a la actual conducción de querer entregar el capital territorial a un proyecto externo a la socialdemocracia.
En recientes apariciones, el exintendente fue sumamente lapidario con el accionar de sus rivales internos en la Cámara de Diputados. "Quisieron negociar el partido por un cargo y no aceptaron porque los ponían en la cola detrás de candidatos ignotos", disparó el dirigente cordobés.
La prolongada sequía de poder y el peso territorial de los intendentes
La urgencia por ordenar la casa propia está íntimamente ligada a los antecedentes históricos de la fuerza en el territorio. El radicalismo cordobés arrastra una prolongada y dolorosa sequía a nivel ejecutivo en la principal jurisdicción del centro del país.
El último gobernador surgido de las filas de la lista 3 fue Ramón Bautista Mestre, cuyo mandato en el poder ejecutivo concluyó en el año 1999. Desde ese momento histórico, las distintas vertientes del peronismo han monopolizado el control absoluto del centro cívico.
A esta dificultad de alcance provincial se le suma la pérdida del bastión capitalino en las elecciones de 2019. Se trata de un golpe anímico y territorial del cual la estructura organizativa aún no ha logrado recuperarse por completo tras varios ciclos electorales adversos.
En este contexto de debilidad estructural, los jefes comunales del interior provincial han comenzado a levantar la voz con fuerza. Exigen que la nueva conducción deje de mirar de forma exclusiva la agenda porteña y atienda los problemas concretos de los distritos productivos.
Los intendentes se han convertido en el principal factor de presión para lograr la unidad de las cúpulas. Consideran que una confrontación abierta por el control del comité provincial dinamitaría sus propias alianzas de gobernabilidad en los municipios.
Un calendario oficial ajustado hacia la renovación de autoridades provinciales
Los tiempos jurídicos vigentes actúan como un corset estricto para los anhelos de la dirigencia partidaria. Con el vencimiento de los cargos actuales estipulado para finales de septiembre, la junta electoral se encuentra en pleno proceso de fijar el cronograma definitivo.
Todos los análisis técnicos apuntan al mes de septiembre como la ventana temporal más probable para llevar adelante el comicio interno. Esta fecha límite comenzaría a regir en el caso directo de que las negociaciones por la lista de unidad terminen fracasando.
Esta agresiva cuenta regresiva obliga a los operadores de ambas facciones a multiplicar los contactos telefónicos diarios. El armado de una lista integradora requiere un fino trabajo de ingeniería para distribuir representaciones justas en la asamblea y el comité central.
Si el ansiado pacto de convivencia se frustra, la estructura partidaria caminará hacia una elección a padrón abierto inmersa en un clima de apatía general. Ese desgaste expondría al espacio a injerencias externas y pulverizaría su rol como eje vertebrador de la oposición provincial.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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