La venta de un pueblo riojano que impulsó la Ley de Tierras que hoy está en debate

La escandalosa transacción de 200.000 hectáreas en Valle Hermoso a un rabino estadounidense en 2008 expuso la falta de regulación sobre el territorio nacional y aceleró la creación de la norma limitante.

La discusión legislativa en torno a la desregulación de la propiedad de la tierra en la República Argentina volvió a colocar en el centro del debate un episodio que marcó un punto de inflexión institucional y social en la provincia de La Rioja. Se trata del intento de adquisición de un territorio de 200.000 hectáreas en el departamento Vinchina por parte del inversor estadounidense Yosef Jaime Libersohn en el año 2008. Aquella operación inmobiliaria privada no solo abarcaba recursos naturales estratégicos, sino que incluía dentro de sus límites catastrales a una comunidad organizada con sus respectivas viviendas, postas sanitarias y establecimientos educativos en pleno funcionamiento.

La magnitud del conflicto territorial visibilizó los vacíos legales existentes en la legislación argentina respecto de la adquisición de grandes extensiones de suelo por parte de ciudadanos extranjeros. La movilización de los pobladores locales y la posterior intervención del Poder Ejecutivo provincial de aquel entonces impidieron la consolidación de la transferencia de dominio. No obstante, el impacto político del caso trascendió las fronteras de la provincia norteña y se transformó en el principal antecedente que dio origen a la Ley Nacional de Tierras Rurales, sancionada en diciembre de 2011 bajo el número 26.737, cuya vigencia y modificaciones se encuentran actualmente bajo análisis en el Congreso.

El debate adquiere una renovada vigencia ante el interés de la administración de Javier Milei de revisar las restricciones vigentes para la venta de campos y recursos hídricos a capitales no residentes. Quienes defienden la flexibilización de la norma argumentan que los límites de extranjerización actuales actúan como una barrera burocrática que desalienta la llegada de inversiones productivas de gran escala en sectores clave como la minería, la agricultura y las energías renovables. En la vereda opuesta, las organizaciones ambientalistas y los representantes de los pequeños productores sostienen que desproteger la titularidad de la tierra expone a las poblaciones locales al desarraigo y compromete el control de los acuíferos subterráneos de agua dulce.

El caso de Valle Hermoso y la inclusión de una comunidad en el título de propiedad

La operación que desató el escándalo internacional se estructuró a través de la firma del boleto de compraventa de una propiedad denominada Valle Hermoso, una franja de tierra que se extiende desde la precordillera riojana hasta el límite fronterizo con la República de Chile. El comprador extranjero, un referente religioso radicado en Nueva York, adquirió los derechos posesorios sobre el área con la intención de desarrollar proyectos de conservación ambiental y asentamientos productivos específicos. Sin embargo, los agrimensores y las autoridades del Registro de la Propiedad Inmueble advirtieron de manera tardía que las escrituras bajo transacción englobaban de forma literal la zona urbana del pueblo de Jagüé, donde habitaban de manera permanente unas 300 familias riojanas.

Las familias damnificadas, que contaban con títulos posesorios de hecho transmitidos de generación en generación, se enteraron de la transacción cuando los representantes legales del inversor norteamericano se presentaron en el territorio para delimitar las coordenadas del predio y planificar el tendido de alambrados perimetrales. El reclamo social escaló rápidamente y generó asambleas comunitarias que exigieron la declaración de utilidad pública y expropiación de las tierras bajo disputa para resguardar la soberanía vecinal. La resistencia civil impidió que las empresas de seguridad privada contratadas por los compradores bloquearan los caminos vecinales de acceso a la Laguna Brava, un sitio Ramsar catalogado como humedal de importancia internacional por su biodiversidad.

La situación se complejizó aún más debido a que las 200.000 hectáreas en disputa contenían en su interior el nacimiento de las principales cuencas hídricas que abastecen de agua de riego y de consumo humano a los valles productivos de la región oeste de La Rioja. La posibilidad de que el manejo de estas reservas de agua dulce quedara bajo control exclusivo de una persona física extranjera motivó la reacción de los intendentes de los departamentos de Vinchina y Felipe Varela. Los mandatarios comunales presentaron acciones de amparo colectivas ante la justicia riojana para suspender cualquier tipo de innovación catastral sobre las parcelas en litigio mientras se determinaba el impacto ambiental de los proyectos anunciados.

La respuesta legislativa que limitó la extranjerización del suelo argentino

La repercusión del caso de Valle Hermoso obligó al gobierno de la provincia de La Rioja a dictar una ley de expropiación de emergencia sobre el área en conflicto para desactivar las protestas y restituir la seguridad jurídica a los habitantes de Jagüé. Sin embargo, los bloques parlamentarios nacionales de diferentes extracciones políticas coincidieron en la necesidad de sancionar una norma marco que impidiera la repetición de este tipo de transacciones abusivas en otras provincias con grandes extensiones de frontera o recursos hídricos vulnerables, como la Patagonia o la región del Litoral.

"La tierra no es una mercancía común, sino un recurso estratégico no renovable vinculado de manera directa a la soberanía alimentaria de las futuras generaciones", señalaba el texto que fundamentó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación en el año 2011. La norma finalmente aprobada estableció límites precisos para la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras, fijando un tope máximo del 15% de titularidad extranjera sobre el total del territorio nacional, provincial o departamental, y restringiendo la compra de parcelas que contuvieran cuerpos de agua de importancia o que estuvieran ubicadas en zonas de seguridad de frontera.

La ley creó además el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), un organismo técnico encargado de centralizar y fiscalizar todas las operaciones de compraventa inmobiliaria que involucraran a firmas o ciudadanos del exterior. De acuerdo con los datos consolidados por dicho registro hasta el inicio del actual debate legislativo, el promedio de extranjerización de la tierra rural en el territorio nacional se ubica en torno al 5,09%, un porcentaje que se encuentra holgadamente por debajo del límite legal del 15%. No obstante, existen departamentos específicos en provincias como Neuquén, Río Negro y Salta donde la titularidad foránea de los suelos roza el máximo permitido, lo que genera tensiones recurrentes con las comunidades originarias y los pequeños criadores de ganado.

Perspectivas del sector inmobiliario rural ante la reforma de la normativa

La propuesta de derogar o modificar de forma sustancial la Ley de Tierras Rurales forma parte del conjunto de reformas estructurales impulsadas por la gestión de Javier Milei mediante decretos de necesidad y urgencia y proyectos de ley ómnibus. Los voceros de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) expresaron su apoyo a la remoción de las trabas administrativas, argumentando que la normativa de 2011 deprimió los valores de la hectárea productiva en el país en comparación con los mercados de Uruguay y Paraguay, donde rigen sistemas de libre contratación y menores restricciones regulatorias para inversores externos.

Los desarrolladores inmobiliarios del sector agropecuario sostienen que la legislación actual equipara erróneamente las inversiones de carácter especulativo con aquellos proyectos de desarrollo forestal o vitivinícola que generan empleo genuino y arraigo tecnológico en el interior profundo. Según sus proyecciones de mercado, la flexibilización de los controles estatales podría reactivar transacciones de campos que permanecen paralizadas por demoras en la emisión de los certificados de habilitación correspondientes por parte del Ministerio de Justicia de la Nación.

Por el contrario, los centros de estudios especializados en desarrollo agrario y las federaciones de cooperativas advierten que una apertura irrestricta de los mercados de tierras rurales podría acentuar los procesos de concentración de la tierra y elevar el costo de los arrendamientos agrícolas para los productores locales. El antecedente histórico de la provincia de La Rioja continúa operando como la principal advertencia empírica sobre los riesgos de relegar el rol fiscalizador del Estado en la administración de un recurso natural crítico que define el desarrollo productivo nacional.

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De acuerdo con información difundida por: LETRA P