Kicillof completó el Consejo de la Magistratura, pero la Suprema Corte sigue renga por la interna
El gobernador bonaerense firmó el decreto para designar a los representantes del Ejecutivo en el órgano que selecciona a los jueces, aunque el acuerdo por las vacantes del máximo tribunal provincial sigue completamente paralizado.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destrabó la conformación del Consejo de la Magistratura al oficializar por decreto a los representantes del Poder Ejecutivo en el organismo encargado de seleccionar y remover magistrados.
A pocos días de que comience la feria judicial de invierno, las negociaciones de fondo quedaron atrapadas en la compleja trama de la interna peronista y en la falta de acuerdos transversales con los distintos bloques de la oposición en el Senado bonaerense. La decisión del mandatario bonaerense de completar los casilleros del Ejecutivo en la Magistratura expuso un trabajoso equilibrio interno con La Cámpora y el Frente Renovador, aunque esa misma sintonía fina parece imposible de replicar, por el momento, de cara al máximo tribunal provincial.
El reparto en la Magistratura para contener el frente interno
La firma del decreto provincial permitió cubrir las tres vocalías titulares y sus respectivas suplencias correspondientes al Poder Ejecutivo dentro del Consejo de la Magistratura. Como representantes titulares asumieron el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel —un funcionario de extrema confianza de Kicillof—;
En la categoría de suplentes, el gobernador distribuyó las designaciones entre la exsenadora Gabriela Demaría —vinculada al sector de Martín Insaurralde—, la subsecretaria de Transparencia Institucional, Ana Laura Ramos, y Gustavo Gamino.
La ingeniería del reparto de sillas dentro del Consejo de la Magistratura funciona como un reflejo del delicado equilibrio que el oficialismo provincial intenta mantener de cara a los próximos meses de gestión. La necesidad de dar señales de unidad hacia el ecosistema peronista obligó a la mesa de conducción de la Gobernación a sentarse a negociar casillero por casillero con los emisarios del diputado nacional Máximo Kirchner y del exministro Sergio Massa.
El máximo tribunal, una negociación estancada en el Senado
A pesar de la fluidez conseguida para normalizar el funcionamiento del órgano de selección de jueces, la mesa de diálogo político se rompe al momento de discutir la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. Actualmente, el máximo tribunal bonaerense funciona con apenas tres de sus siete miembros históricos: Daniel Soria, Hilda Kogan y Sergio Torres. La vacancia de cuatro escaños condiciona no solo la firma de las acordadas clave del tribunal, sino también la representatividad territorial de la justicia en el distrito más grande de la Argentina.
Para avanzar en la designación de los nuevos cortesanos, el pliego que envíe el Poder Ejecutivo requiere de una mayoría especial de dos tercios en el Senado bonaerense, una meta numérica que hoy resulta inalcanzable sin un pacto político de escala mayúscula con la oposición. Los distintos bloques parlamentarios de la oposición, que incluyen al PRO, al radicalismo y a las facciones de La Libertad Avanza, rechazan de plano la posibilidad de avanzar de forma apresurada sin que se discuta de manera integral un pliego que respete el equilibrio de fuerzas actual.
Las fuentes legislativas de la capital provincial admiten de forma reservada que la discusión por la Corte excede largamente las paredes del Palacio de la Legislatura en La Plata. El debate por los nombres que ocuparán esos despachos clave forma parte de una mesa de negociación mucho más amplia, en la que se cruzan las disputas por el presupuesto provincial del próximo año, las designaciones pendientes en los organismos de control y las estrategias de posicionamiento electoral con miras a las próximas legislativas.
La judicialización y el impacto de las vacantes en los distritos
El retraso prolongado en la definición de estas coberturas genera un impacto directo en el funcionamiento cotidiano de los tribunales inferiores de la provincia de Buenos Aires. En los departamentos judiciales del interior y del conurbano bonaerense se estima que casi el 16% de los cargos clave de jueces, camaristas, fiscales y defensores oficiales se encuentran actualmente vacantes, con juzgados que deben ser subrogados por magistrados de otras jurisdicciones.
La acumulación de causas pendientes y la lentitud en la resolución de los expedientes comerciales y penales genera un persistente reclamo por parte de los colegios de abogados de toda la provincia. El freno en el Consejo de la Magistratura bonaerense durante los últimos ejercicios impidió elevar las ternas definitivas al Senado, lo que generó un cuello de botella institucional que ahora el oficialismo busca empezar a destrabar con las flamantes designaciones de sus consejeros.
La expectativa del sector judicial de cara al inicio de la feria de invierno es que la normalización del Consejo de la Magistratura permita agilizar el tratamiento de los concursos que ya se encuentran en etapas avanzadas de evaluación. No obstante, los analistas del sector judicial bonaerense coinciden en que la resolución del conflicto por la conformación de la Suprema Corte será el verdadero termómetro que defina si la dirigencia política provincial conserva la capacidad de articular consensos de fondo en momentos de extrema polarización.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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