La Fiscalía busca reconstruir las últimas horas del astro futbolístico en la internación de Tigre mediante el testimonio del personal de seguridad.
El juicio oral y público que investiga las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Armando Maradona entra en una fase decisiva con la convocatoria de testigos clave del entorno directo que custodió los últimos días del exfutbolista. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro citó a declarar para la jornada de este martes a Julio César Soria, uno de los vigiladores privados encargados de la seguridad en la vivienda del barrio cerrado San Andrés, ubicada en la localidad bonaerense de Dique Luján, partido de Tigre.
La comparecencia de Soria forma parte de una estrategia articulada por el equipo de fiscales que lidera Patricio Ferrari. La intención original del Ministerio Público Fiscal consistía en reunir los testimonios de los tres custodios asignados a la residencia de forma simultánea para evaluar contradicciones en tiempo real; sin embargo, debido a complejidades logísticas en las notificaciones del tribunal, el esquema debió segmentarse, habiendo declarado únicamente el custodio Julio César Coria durante la audiencia del pasado miércoles.
Los investigadores judiciales consideran que los testimonios del personal de seguridad resultan indispensables para contrastar las anotaciones de las planillas de ingresos y egresos con las declaraciones del personal médico imputado en la causa. La reconstrucción pormenorizada del período comprendido entre el alta de la Clínica Olivos, tras la operación por un hematoma subdural, y el fallecimiento ocurrido el 25 de noviembre de 2020, constituye el núcleo de la acusación penal por homicidio simple con dolo eventual.
El rol del personal de seguridad en la internación domiciliaria de Tigre
Los vigiladores de la empresa contratada para custodiar a Maradona no solo limitaban sus funciones al perímetro externo de la propiedad, sino que su presencia se extendía al control de accesos dentro de la estructura de la vivienda. La Fiscalía interrogará a Soria sobre la frecuencia de las visitas médicas y la rigurosidad de los controles de signos vitales que debían realizar los enfermeros de la empresa Medidom, encargados de la atención directa del paciente en el módulo habitacional de la planta baja.
"La directiva era clara respecto a quiénes podían ingresar a la habitación y en qué momentos del día se permitía alterar el descanso de Diego", detalló una fuente judicial vinculada al expediente al analizar el valor probatorio de esta ronda de testigos. Las declaraciones previas sugieren que existía una cadena de mandos difusa donde las decisiones operativas sobre el cuidado del astro eran tomadas de manera alternativa por su entorno legal, familiares directos y los coordinadores de la prepaga médica.
El testimonio de Soria buscará además esclarecer el estado psicofísico en el que se encontraba el capitán de la Selección Argentina de 1986 durante sus últimas 48 horas de vida. Los fiscales insistirán en determinar si el custodio presenció anomalías en la administración de la medicación psiquiátrica o si existieron alertas tempranas sobre la visible retención de líquidos que padecía la víctima, un cuadro sintomático compatible con la insuficiencia cardíaca que provocó el deceso.
Las contradicciones entre los testimonios de los custodios y las pericias
La discrepancia entre los registros escritos de la custodia y las bitácoras presentadas por los enfermeros imputados representa uno de los puntos de mayor tensión en el debate oral. Durante la audiencia anterior, el custodio Julio César Coria aportó precisiones sobre la dinámica cotidiana de la casa, pero sus declaraciones evidenciaron baches temporales respecto a los horarios exactos en los que se constató que Maradona aún se encontraba con vida antes del mediodía del 25 de noviembre.
El cruce de datos informáticos realizado por los peritos de la Policía Tecnológica de la provincia de Buenos Aires determinó que varias llamadas y mensajes enviados desde los teléfonos celulares de los custodios y asistentes personales no quedaron asentados en los informes de novedades que la empresa de seguridad remitía a sus oficinas centrales. Esta divergencia abre la hipótesis de un esquema de ocultamiento de la gravedad del estado de salud del paciente ante los familiares externos al entorno conviviente.
La ronda de declaraciones de esta semana resulta fundamental para las querellas que representan a los hijos de Maradona. Los abogados particulares sostienen que el personal de seguridad funcionaba como una barrera que impedía el libre acceso de profesionales médicos independientes que pudieran sugerir una internación en un centro asistencial de alta complejidad, una medida que los peritos oficiales consideraron necesaria dadas las patologías de base del paciente.
El escenario de los ocho imputados y el impacto del dolo eventual
El proceso penal que se desarrolla en los tribunales de San Isidro tiene en el banquillo de los acusados a ocho profesionales de la salud, entre los que se destacan el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y la médica coordinadora Nancy Forlini. Todos afrontan cargos bajo la tipificación penal de homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla una escala de penas que va desde los 8 hasta los 25 años de prisión efectiva en la legislación argentina.
La tesis de la Fiscalía sostiene que los acusados eran plenamente conscientes de que la estructura de internación domiciliaria montada en Tigre era deficiente y carecía de los elementos mínimos de reanimación, como un monitor cardíaco o tubos de oxígeno disponibles de forma inmediata. Según la acusación, los profesionales médicos se representaron la posibilidad del desenlace fatal debido al deterioro crónico del paciente y, lejos de modificar las condiciones de atención, mantuvieron una actitud de abandono y desidia que aceleró el paro cardiorrespiratorio.
La resolución de este juicio genera una fuerte expectativa institucional y social en la opinión pública local, dado que sentará un precedente jurisprudencial respecto a la delimitación de las responsabilidades profesionales en los esquemas de internación domiciliaria de pacientes crónicos. Las audiencias testimoniales continuarán durante los próximos meses en el edificio judicial de San Isidro, previéndose que la sentencia definitiva del tribunal sea dictada en el transcurso del segundo semestre del año en curso.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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