
El gremio judicial consideró insuficiente la propuesta salarial de la Provincia y dictó un paro de 24 horas, profundizando el conflicto en los tribunales cordobeses.
La paritaria del sector público en la provincia de Córdoba sumó un nuevo capítulo de conflicto estructural. La asamblea general de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (AGEPJ) resolvió este miércoles, por una amplia mayoría de sus delegados, rechazar de manera definitiva la propuesta de recomposición de haberes que habían formulado de forma conjunta el Poder Ejecutivo provincial, liderado por el gobernador Martín Llaryora, y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). La decisión interrumpió los canales de diálogo que se mantenían abiertos en la mesa de negociación y derivó en la reactivación inmediata de un plan de lucha que afectará el normal funcionamiento de las mesas de entradas, fiscalías y oficinas de atención ciudadana en toda la geografía provincial.
El rechazo de las bases sindicales se fundamentó en la pérdida sistemática del poder adquisitivo frente a los índices de inflación del primer semestre del año. Según expresaron desde la conducción de la AGEPJ, el esquema de aumentos escalonados ofrecido por la administración provincial no lograba cubrir las proyecciones de la canasta básica total y profundizaba la brecha salarial existente entre los distintos escalafones de la administración pública. Ante este escenario, la representación gremial votó la implementación de una medida de fuerza por 24 horas para este viernes, que incluirá asistencia a los lugares de trabajo en las primeras horas y posterior abandono de tareas para movilizarse hacia las sedes tribunalicias principales.
La parálisis de las actividades judiciales representa un escollo logístico e institucional de consideración para el gobierno de Llaryora, que busca estabilizar las finanzas públicas mediante pautas salariales alineadas con la recaudación provincial. El Ministerio de Justicia y la conducción del TSJ habían intentado destrabar el litigio mediante cláusulas de revisión automática sujetas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) local, pero la propuesta fue considerada tardía e insuficiente por los representantes de los empleados, quienes exigen una compensación directa por los puntos porcentuales perdidos durante el último trimestre del año anterior.
El impacto de las medidas de fuerza en la actividad tribunalicia
La reactivación del plan de lucha por parte de los empleados judiciales introduce un elemento de fuerte tensión en los tribunales de la capital y del interior cordobés. Las autoridades del TSJ manifestaron su preocupación por la acumulación de expedientes y la postergación de audiencias fijadas con anterioridad, advirtiendo que los plazos procesales podrían sufrir modificaciones si las medidas de fuerza se sostienen en el tiempo. La atención al público quedará reducida a la cobertura de guardias mínimas para la tramitación de causas urgentes, tales como presentaciones de habeas corpus, pedidos de detención o intervenciones en materia de violencia familiar y de género.
Desde el sector gremial justificaron la dureza de la postura argumentando que los trabajadores han mostrado voluntad de diálogo durante semanas sin obtener respuestas acordes a las necesidades del sector. Los delegados de las distintas sedes judiciales del interior provincial, entre ellas Río Cuarto, San Francisco y Villa María, reportaron un alto acatamiento a las mociones de rechazo durante las asambleas preparatorias, lo que anticipa un nivel de adhesión elevado para las jornadas de protesta convocadas para el cierre de la semana laboral.
La conducción de la AGEPJ ratificó que el malestar dentro de los tribunales excede la mera discusión por los porcentajes de aumento, alcanzando reclamos vinculados a las condiciones de infraestructura de los edificios públicos y la falta de cobertura de vacantes en áreas críticas de la administración. "El rechazo masivo de los compañeros demuestra que el límite de la tolerancia frente al ajuste fiscal en el sector público ha sido superado", señalaron voceros de la entidad gremial tras la finalización del plenario general.
Las variables de la negociación y el frente fiscal de Córdoba
El conflicto con el sector judicial se inscribe en un marco de alta complejidad para la gestión de Martín Llaryora al frente del Ejecutivo cordobés. La Provincia enfrenta el desafío de contener las demandas salariales de los distintos gremios estatales en un contexto de caída real de la coparticipación federal y de contracción de los ingresos propios por la baja de la actividad económica general. El Panal ha intentado mantener una línea uniforme de incrementos con docentes, personal de salud y empleados de la administración central, buscando evitar que un acuerdo por encima de la media con los judiciales desate un efecto dominó en los restantes sectores.
Los técnicos del Ministerio de Economía provincial defienden la razonabilidad de la oferta rechazada, sosteniendo que la misma representaba el máximo esfuerzo financiero posible sin poner en riesgo el equilibrio presupuestario de la provincia. La estrategia oficial apunta a que los salarios públicos no superen el ritmo de incremento de los ingresos tributarios corrientes, una premisa de orden fiscal que choca de manera directa con las urgencias económicas de los trabajadores de los estratos iniciales y medios del escalafón del Poder Judicial.
La persistencia del diferendo salarial obliga a las autoridades laborales de la provincia a evaluar la viabilidad de dictar una conciliación obligatoria con el propósito de forzar una tregua temporal y obligar a las partes a sentarse nuevamente a negociar. Sin embargo, en los pasillos de los tribunales cordobeses predomina la percepción de que una medida administrativa de ese tenor solo postergaría la resolución de fondo de un conflicto que amenaza con profundizar la parálisis del servicio de administración de justicia durante las próximas semanas del invierno.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P

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