Javier Milei otorgó un aumento del 19% en peajes a las nuevas concesionarias viales sin exigir obras previas

El Gobierno nacional autorizó el incremento tarifario para las operadoras privadas de la autopista Riccheri y de cuatro rutas nacionales, mientras que los corredores bajo administración estatal mantuvieron sus valores vigentes.

El proceso de privatización de los corredores viales nacionales impulsado por la administración de Javier Milei comenzó formalmente con un beneficio directo para las empresas adjudicatarias. A través de una resolución de la Dirección Nacional de Vialidad, el Gobierno nacional autorizó un incremento tarifario del 19% en los peajes para las nuevas concesionarias privadas, una medida que entró en vigencia antes de que las firmas ejecuten cualquier tarea de infraestructura o mantenimiento en las trazas viales.

La decisión administrativa generó controversia en el sector de infraestructura, ya que rompe con la tradición regulatoria de condicionar las subas de tarifas al cumplimiento de metas de inversión o planes de obras preestablecidos. El beneficio impacta directamente en las cabinas de peaje de la autopista Riccheri —uno de los accesos clave a la Ciudad de Buenos Aires— y de cuatro rutas nacionales estratégicas para el transporte de cargas y la producción agroindustrial de la región pampeana.

En contraste con el beneficio otorgado al sector privado, el Ministerio de Economía de la Nación determinó que los corredores viales que todavía continúan bajo la órbita de la empresa estatal Corredores Viales S.A. mantengan sus cuadros tarifarios sin modificaciones por el momento. Esta dualidad en la política de precios del sector generó distorsiones en los costos logísticos que enfrentan las empresas de transporte, según advierten las principales cámaras del transporte de cargas.

Los detalles del incremento y las rutas nacionales alcanzadas por la suba

El incremento del 19% se fundamentó oficialmente en la necesidad de garantizar la ecuación económica-financiera de los nuevos contratos de concesión firmados tras la disolución parcial de la estructura estatal. Las empresas beneficiadas por la resolución técnica lograron incorporar una cláusula de ajuste inmediato para amortiguar el impacto de la inflación mayorista y el aumento de los costos operativos indexados al valor del combustible y las paritarias sectoriales.

La suba tarifaria afecta a la traza de la autopista Riccheri, operada por un consorcio privado que asumió la gestión del acceso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza tras un proceso de licitación exprés. Asimismo, el ajuste se aplica en las estaciones de cobro de cuatro rutas nacionales que concentran el mayor flujo de camiones hacia los puertos exportadores de Rosario y Buenos Aires, donde los transportistas ya comenzaron a liquidar los nuevos valores.

Desde las comisiones de usuarios viales señalaron que los conductores particulares y profesionales ya abonan las tarifas actualizadas en los corredores privatizados sin observar mejoras en las calzadas ni señalización complementaria. Los contratos firmados por la gestión libertaria modificaron el orden de prioridades, permitiendo que el flujo de caja de las operadoras se consolide antes de iniciar las etapas de bacheo profundo y repavimentación.

El cambio de paradigma en el sistema de concesiones del Gobierno

La medida adoptada por la Secretaría de Transporte y la Dirección Nacional de Vialidad marca un quiebre respecto al modelo de gestión que imperaba en las rutas nacionales. El actual esquema prioriza el retiro del Estado de las funciones de subsidio y mantenimiento directo, traspasando la responsabilidad financiera de la infraestructura vial de manera directa al usuario final a través del pago de tarifas en el lugar de tránsito.

Bajo la nueva modalidad contractual, las concesionarias privadas reciben las rutas en el estado en que se encuentran tras años de desinversión estatal y cuentan con un período de gracia técnica para elaborar los planes ejecutivos de obras. Durante ese lapso, la facturación en las cabinas de peaje actúa como el principal mecanismo de capitalización de las empresas, una estrategia diseñada por el Palacio de Hacienda para atraer oferentes privados.

Críticos del sistema señalan que este mecanismo traslada todo el riesgo económico a los usuarios, quienes pagan tarifas más elevadas por rutas que presentan deficiencias estructurales en su capa de rodamiento. El argumento oficial, en cambio, sostiene que sin el incentivo de una tarifa inicial actualizada resultaba imposible generar el interés de las corporaciones internacionales y los grupos constructores locales en el proceso de privatizaciones.

El impacto en los costos logísticos y la brecha con los corredores estatales

La Cámara Argentina de Santiago del Estero y Córdoba, junto a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga (Fadeeac), manifestaron su preocupación por el impacto de la suba en la estructura de costos de los fletes de media y larga distancia. El incremento en los peajes privados se suma a las variaciones mensuales en los precios del gasoil y los insumos importados, como neumáticos y repuestos de motor.

"Los aumentos en los peajes sin obras previas representan un costo financiero directo que se traslada de manera inevitable a los precios de los productos de consumo masivo que circulan por esas rutas", explicaron asesores contables del sector logístico. La situación genera un escenario desigual frente a las economías regionales que utilizan rutas controladas por el Estado, donde las tarifas continúan subsidiadas.

La decisión de congelar los valores en los corredores públicos responde a una estrategia del Ministerio de Economía para evitar una aceleración mayor en los índices de inflación mayorista. Sin embargo, esta política ensancha la brecha de rentabilidad entre las empresas públicas y privadas, acelerando los planes oficiales para transferir la totalidad de la red de caminos nacionales a manos privadas antes de la finalización del actual período parlamentario.

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De acuerdo con información difundida por: LETRA P