Freno judicial a la venta de SanCor: suspenden la licitación por reclamo de acreedores
La Cámara de Apelaciones de Rafaela suspendió el proceso de venta fragmentada de SanCor tras un recurso de Fidulac S.A., firma de Gustavo Scaglione.
La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, integrada por los magistrados María José Álvarez Tremea, Duilio Maximiliano Hail y Pablo Lorenzetti, hizo lugar al recurso interpuesto por Fidulac S.A.
La resolución judicial de segunda instancia suspende de manera temporal los efectos del pliego de bases y condiciones y detiene el cronograma que el juez de primera instancia, Marcelo Gelcich, había fijado para liquidar los activos de la quebrada cooperativa láctea.
El principal argumento de Fidulac S.A. apunta a que la venta por partes de las marcas y las plantas industriales desvaloriza de forma crítica el patrimonio de la compañía. Desde el entorno de Scaglione afirman que la cooperativa como unidad productiva tiene un valor sustancialmente mayor que si se comercializan sus activos de manera individual.
El origen de la disputa y la objeción a la venta fragmentada
El pliego diseñado originalmente por el juez de Rafaela, Marcelo Gelcich, contemplaba una valuación total de base de 52,1 millones de dólares. Este esquema dividía el patrimonio remanente de SanCor en siete lotes independientes que incluían las plantas industriales de Sunchales, Gálvez, San Guillermo y Balnearia en la provincia de Santa Fe, además de La Carlota y Devoto en territorio cordobés.
Junto con la infraestructura edilicia y la maquinaria, la licitación preveía la venta por separado de su marca insignia y de sus segundas marcas de alta inserción en el consumo masivo nacional, como Mendicrim, Quesabores, Tolem y Santa Brígida. Esta fragmentación de activos generó el rechazo inmediato de Fidulac S.A., que denunció una falta de participación efectiva del Comité de Acreedores y graves fallas en la valuación del pliego.
La apelación de la firma de Scaglione había sido inicialmente rechazada por el juez Gelcich bajo argumentos de forma, tras aducir supuestos inconvenientes con la validación de las firmas electrónicas del escrito. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones santafesina revocó la medida de primera instancia y habilitó el recurso con efecto suspensivo, lo que obligó a detener todo el cronograma licitatorio vigente.
Adecoagro y Scaglione: la puja de los gigantes de la industria
La suspensión de la venta congela de forma temporal la estrategia de Adecoagro, el otro gran competidor interesado en quedarse con las marcas de la cooperativa. Adecoagro, que consolidó su capacidad de financiamiento tras recibir inyecciones de capital del holding internacional de criptoactivos Tether en 2025, apunta a incorporar la marca SanCor para expandir su línea de góndola, aunque persisten las dudas sobre su interés real en operar la totalidad de las plantas productivas.
Por su parte, el interés de Gustavo Scaglione no resulta una novedad en el sector lechero. A través de Fidulac S.A., el empresario ya había liderado en 2021 el proyecto del fideicomiso "SanCor Capital", una iniciativa de salvataje que proyectaba una inversión de 60 millones de dólares junto a figuras empresariales como Marcelo Figueiras y José Urtubey.
La puja por el control de SanCor expone dos visiones contrapuestas de negocios. Mientras un sector de los oferentes busca exclusivamente capitalizar el prestigio de la marca sin asumir el costo laboral de toda la estructura fabril, el grupo liderado por Scaglione y los acreedores asociados insisten en que desguazar las plantas y separarlas de las marcas deteriora de forma irreversible la capacidad de repago a quienes sostuvieron financieramente a la firma durante su crisis.
El frente de los acreedores y el pedido de desplazamiento del juez
En paralelo al recurso de Fidulac S.A., un colectivo de acreedores pymes de la cuenca lechera santafesina, representados judicialmente por la firma Regali, avanza con una estrategia de fuerte confrontación en los tribunales de Rafaela. Este grupo de acreedores solicitó declarar la nulidad absoluta de la quiebra decretada por el juez Gelcich, argumentando vicios en las asambleas societarias previas de la cooperativa.
Este sector de acreedores locales impulsa un plan de salvataje alternativo que busca preservar la administración de las plantas de manera asociada con cooperativas y pymes regionales, impidiendo que los activos queden en manos de multinacionales agroindustriales. Como parte de esta ofensiva legal, solicitaron formalmente el apartamiento del juez de primera instancia, a quien acusan de llevar adelante un proceso sesgado que atenta contra el compre nacional y el empleo regional.
En este tenso escenario, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) mantiene una postura pragmática. Voceros de la conducción sindical manifestaron que el gremio no se opone a la quiebra ni a la llegada de capitales privados de escala, siempre y cuando el nuevo operador garantice de forma efectiva la continuidad laboral de los empleados de planta y respete los convenios colectivos vigentes del sector.
El impacto productivo en la cuenca lechera santafesina
La indefinición judicial en torno a SanCor representa un problema de enorme impacto social para las provincias de Santa Fe y Córdoba, el corazón del desarrollo lácteo de la República Argentina. La incertidumbre sobre el destino de las plantas de Sunchales, Gálvez o San Guillermo afecta no solo a las familias de los operarios directos, sino también a cientos de productores tamberos independientes que dependen de la cooperativa como su principal canal de comercialización.
Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe admitieron su preocupación por la parálisis del proceso de venta, ya que la dilación de los tiempos judiciales degrada el valor de la infraestructura industrial inactiva y profundiza la crisis de las economías regionales de la cuenca central. Los funcionarios de la cartera laboral remarcan que la lechería es una actividad de márgenes estrechos que requiere certidumbre para planificar las inversiones de los próximos años.
La decisión de la Cámara de Apelaciones de Rafaela posterga sin plazos fijos un desenlace que el mercado consideraba inminente. Mientras los jueces analizan la validez del pliego original y las denuncias por supuesta subvaluación de activos, la marca que lideró las góndolas argentinas durante casi un siglo permanece en un limbo judicial que refleja las profundas tensiones de poder entre los principales empresarios de medios, corporaciones del agro y productores regionales del interior del país.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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