El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones no logra captar desembolsos para el sector de la economía del conocimiento. Un único expediente reservado y la apuesta legislativa al "Súper RIGI" marcan la urgencia oficial ante el predominio del sector extractivo.
La ambición del gobierno nacional de transformar a la Argentina en un polo de desarrollo global para la inteligencia artificial (IA) choca de frente con la realidad administrativa del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). A meses de su puesta en marcha y reglamentación, el marco normativo diseñado para atraer desembolsos superiores a los 200 millones de dólares funciona como un motor exclusivo de las industrias primarias, mientras que el casillero de la tecnología y el desarrollo de software permanece completamente vacío de proyectos aprobados.
La parálisis de inversiones en este rubro contrasta con los reiterados viajes del presidente Javier Milei y las reuniones del ministro de Economía, Luis Caputo, con los principales referentes de Silicon Valley. La estrategia oficial de posicionar al país como una "cuarta opción" de soberanía tecnológica e innovación regulatoria no se ha traducido aún en expedientes concretos, lo que despierta dudas entre los analistas del sector sobre la viabilidad del esquema de incentivos actual para captar proyectos de infraestructura digital.
En los despachos oficiales admiten que el único expediente vinculado formalmente al área tecnológica dentro de la ventanilla de ingresos del RIGI permanece bajo estricta reserva y en etapa de evaluación técnica preliminar. La demora en el tratamiento de esta propuesta y la ausencia de nuevas firmas interesadas exponen las dificultades estructurales que enfrenta el país para competir con otras jurisdicciones globales en la carrera por radicar centros de datos y plantas de procesamiento de alta complejidad.
El fuerte sesgo extractivo del RIGI y la concentración minera
Los datos consolidados por el Observatorio del RIGI y los reportes de las cámaras empresarias exponen un fuerte desbalance sectorial. De las iniciativas presentadas ante el Ministerio de Economía desde la entrada en vigencia del régimen, más del 95% de los montos de inversión proyectados corresponden a los rubros de minería, gas y petróleo. El sector minero lidera cómodamente las solicitudes de adhesión, traccionado por proyectos de extracción de litio en el norte del país y de cobre en la región cordillerana.
La aprobación de desarrollos mineros, como el emblemático proyecto "Salar de las Tres Quebradas" de litio en Catamarca por 709 millones de dólares, o los emprendimientos de exportación de gas natural licuado (GNL) en Río Negro, confirman que las grandes corporaciones tradicionales asimilaron con rapidez los beneficios aduaneros y fiscales del programa. En cambio, el sector de servicios tecnológicos de valor agregado no encuentra en el diseño del RIGI tradicional herramientas competitivas para compensar las deficiencias de infraestructura que posee la Argentina.
El principal escollo para los desarrollos tecnológicos radica en que los proyectos de infraestructura digital, tales como los mega centros de datos necesarios para procesar modelos de lenguaje de inteligencia artificial, demandan un marco normativo específico que proteja el flujo transfronterizo de datos, la importación libre de componentes especializados y la estabilidad cambiaria absoluta. Al no estar contempladas estas variables con precisión en el RIGI original, las corporaciones multinacionales postergaron sus planes de desembarco efectivo.
El "Súper RIGI" como la carta de salvación para las tecnológicas
Ante el evidente sesgo extractivo del régimen original, el oficialismo nacional decidió quemar naves legislativas con el envío al Congreso de un nuevo proyecto bautizado informalmente como "Súper RIGI". Esta ampliación normativa, que ya comenzó a debatirse en las comisiones de la Cámara de Diputados, busca destrabar específicamente las inversiones orientadas a la economía del conocimiento y la infraestructura para inteligencia artificial con un piso de inversión mínimo elevado a los 1.000 millones de dólares.
A diferencia del esquema tradicional, el Súper RIGI propone beneficios superiores diseñados a la medida de los gigantes tecnológicos globales o Big Tech, ofreciendo una reducción inmediata de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, una tasa reducida de cargas patronales del 10% para la creación de nuevos puestos laborales y, fundamentalmente, la liberación total de los controles de importación y exportación de equipamiento e insumos críticos desde el primer día de adhesión.
"Ofrecer un marco de estabilidad cambiaria e impositiva a largo plazo y facilitar la importación de procesadores GPU de última generación son condiciones obligatorias para que una empresa decida enterrar capitales en infraestructura que no se puede relocalizar", explicaron especialistas del sector vinculados a Argencon, la cámara que nuclea a las firmas exportadoras de servicios basados en el conocimiento.
Los reparos en torno al consumo energético de los data centers
La posible radicación de mega centros de datos en el territorio nacional genera, en paralelo a las expectativas macroeconómicas, fuertes controversias entre los técnicos del sector de servicios públicos. Las instalaciones destinadas a dar soporte físico a la computación en la nube e inteligencia artificial se caracterizan por requerir un consumo ininterrumpido de energía eléctrica de gran escala y sistemas de refrigeración por agua de alta capacidad.
Diversos analistas advierten que, debido a las debilidades estructurales que aún persisten en la red de transmisión eléctrica de alta tensión en la Argentina, el ingreso de nuevos grandes consumidores industriales de energía podría tensionar el abastecimiento de las áreas urbanas en períodos de alta demanda invernal o estival. Además, sectores opositores señalan con preocupación el riesgo de consolidar un "modelo de enclave tecnológico", donde el país aporte tierras y recursos energéticos a bajo costo a cambio de una generación de empleo genuino muy acotada en términos cuantitativos.
El debate en torno a los costos fiscales de los beneficios impositivos que otorga el régimen frente a la efectiva captura de valor local continuará dominando la agenda parlamentaria en los próximos meses. La viabilidad de que la Argentina se inserte definitivamente en la cadena global de valor de la inteligencia artificial dependerá de que las regulaciones logren un equilibrio sustentable entre los incentivos extraordinarios que reclaman los inversores internacionales y la protección de los recursos estratégicos de la nación.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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