Denunciaron penalmente al ministro de Salud Mario Lugones por desobediencia judicial
La diputada Natalia de la Sota presentó la acusación en los Tribunales Federales tras vencerse el plazo para regularizar los pagos de prestaciones por discapacidad de Incluir Salud y PAMI.
La tensión entre la oposición y la administración de Javier Milei sumó un nuevo capítulo en el ámbito judicial. La diputada nacional por Córdoba, Natalia de la Sota, formalizó este miércoles una denuncia penal contra el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, por presunta desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La denuncia, patrocinada por los letrados Marta Lastra y Félix López Amaya, fue ingresada formalmente en los Tribunales Federales de Córdoba, ubicados en el barrio Rogelio Martínez de la capital provincial. La medida surge tras la expiración del plazo legal perentorio que la Justicia Federal le había otorgado al Ejecutivo nacional para normalizar el flujo de fondos destinados a las prestaciones contempladas en la Ley de Discapacidad N.º 24.901, las cuales se encuentran paralizadas o con demoras severas.
El frente judicial contra el ministro Lugones expone la parálisis de los programas que asisten a los beneficiarios de pensiones no contributivas que poseen el Certificado Único de Discapacidad (CUD). La presentación penal se concreta en un contexto de fuerte malestar social por parte de familiares, transportistas, terapeutas e instituciones terapéuticas que denuncian la interrupción total de los cobros en servicios esenciales para la vida diaria de miles de pacientes.
El origen del conflicto: un amparo colectivo ignorado por el Ministerio
La presentación realizada por la legisladora de la bancada Defendamos Córdoba se apoya de forma directa en una resolución dictada por el Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba, a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja. El magistrado había hecho lugar de manera total a una acción de amparo colectiva impulsada por diversas organizaciones civiles y familias afectadas contra el programa de cobertura estatal Incluir Salud y el PAMI, exigiendo la inmediata liquidación de las deudas arrastradas.
"El Gobierno de Milei insiste en desfinanciar y no cumplir con los programas para las personas con discapacidad.
De acuerdo con el expediente del amparo, la sentencia judicial definitiva fue ratificada por la Cámara Federal de Apelaciones y notificada formalmente al ministro Lugones bajo apercibimiento legal. El fallo otorgaba un plazo improrrogable de 72 horas para que el Ministerio de Salud acreditara la regularización de las partidas presupuestarias remanentes.
Deudas históricas y el impacto en las coberturas básicas de salud
La auditoría de las deudas que acompaña la presentación penal detalla que las interrupciones en los giros de fondos públicos comenzaron a generalizarse de forma aguda. Según consta en la denuncia, en una gran cantidad de casos los pagos a los prestadores cesaron por completo en diciembre de 2025, mientras que en otros rubros específicos solo se registraron transferencias parciales hasta febrero de este año, dejando al sistema prestacional al borde del colapso logístico.
La estrategia jurídica desplegada por el Estado nacional frente al amparo de las familias consistió en interponer recurrentes trabas administrativas para dilatar la ejecución de la sentencia. En total, los abogados del Ministerio de Salud presentaron tres recursos de apelación y dos recursos de queja ante los tribunales correspondientes, argumentando razones de reordenamiento del gasto público y auditorías internas para justificar el freno de las transferencias monetarias.
No obstante, en su resolución judicial previa, el juez Vaca Narvaja desestimó los justificativos de la administración central. El magistrado remarcó que las autoridades sanitarias no pueden esgrimir metas de control fiscal o reestructuración de partidas para justificar el incumplimiento de obligaciones elementales vinculadas al derecho a la salud y a la integridad física de un colectivo social que se encuentra bajo condiciones de extrema vulnerabilidad.
Consecuencias penales e institucionales para la gestión sanitaria
El avance de la denuncia penal obligará a la Justicia Federal a designar un fiscal para que instruya la investigación criminal y dictamine si existió una voluntad explícita de desacato por parte del funcionario nacional. En el derecho penal argentino, la figura de desobediencia judicial prevé sanciones que inhabilitan para el ejercicio de cargos públicos a aquellos administradores que omitan deliberadamente cumplir con mandatos emanados de un tribunal de justicia.
El conflicto en torno a los subsidios de discapacidad representa uno de los focos de tensión más complejos para el Ministerio de Salud, que busca sostener las pautas de equilibrio fiscal dictadas por la Casa Rosada. La resistencia de los funcionarios a liberar las partidas de Incluir Salud y PAMI comenzó a generar fisuras en el Congreso nacional, donde bloques de la oposición dialoguista y del federalismo anticiparon que exigirán informes pormenorizados sobre el destino de los fondos del área.
"Todo tiene un límite y yo no voy a permanecer indiferente", concluyó De la Sota tras ratificar que utilizará las facultades previstas en el artículo 75 de la Constitución Nacional para auditar el desempeño de los ministros del Poder Ejecutivo. El devenir de la causa penal estará condicionado por las planillas de transferencias bancarias que el Ministerio de Salud deberá presentar ante el tribunal en los próximos días para intentar demostrar que inició un proceso de cancelación de los saldos adeudados.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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