Daniel Passerini enfrenta una etapa crítica marcada por la seguridad y la gestión en Córdoba

El intendente de la capital cordobesa busca sostener el ritmo de obras y contención social en un escenario signado por las demandas urbanas y la coyuntura política.

El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, atraviesa uno de los momentos más complejos de su administración al frente de la capital provincial. Con un presupuesto municipal proyectado en torno a los 1,5 billones de pesos y en un marco de crecientes restricciones presupuestarias a nivel nacional, la gestión local debe articular respuestas inmediatas ante una agenda urbana dominada por la movilidad, las obras de infraestructura y la creciente preocupación ciudadana por la seguridad pública.

El tablero político de la ciudad exige un equilibrio permanente entre las metas de la administración ejecutiva y el peso institucional de administrar el principal distrito electoral de la provincia. En ese contexto, el desempeño de la capital resulta clave no solo para la gobernabilidad cotidiana de los vecinos, sino también para el sostenimiento territorial de la coalición de gobierno en su relación con la gestión del gobernador Martín Llaryora.

Frente a la parálisis de fondos nacionales para obras públicas, la municipalidad ha intentado sostener la ejecución de proyectos prioritarios para no desacelerar la actividad económica local. Sin embargo, las demandas en materia de servicios esenciales y la necesidad de dar respuestas ante hechos de criminalidad y violencia urbana han reconfigurado las prioridades del gabinete municipal en los últimos meses.

Infraestructura urbana y el desafío del transporte público

Durante el primer tramo de la gestión, la municipalidad registró un incremento del 12 por ciento en el índice de proyectos de infraestructura aprobados, una pauta que incluyó la extensión de la red de ciclovías con 35 nuevos trazados y la puesta en marcha del plan de remodelación para la Zona Norte de la ciudad. A pesar de estas intervenciones, el sistema de movilidad urbana continúa mostrando síntomas de saturación debido al flujo diario de más de 140.000 vehículos y a la congestión peatonal recurrente en los principales accesos y vías arteriales.

El transporte urbano de pasajeros se mantiene como el eje más sensible de la agenda pública, donde los costos operativos y la quita de subsidios nacionales obligaron al municipio a reestructurar recorridos y buscar vías de financiamiento propio para evitar colapsos en el servicio. La apuesta del ejecutivo local pasa por acelerar la digitalización de las frecuencias y mejorar la conectividad entre los barrios periféricos y el área céntrica.

"Nuestra prioridad es entregar un plan de gestión que se centre en la seguridad y la inclusión social", afirmó Daniel Passerini durante un encuentro con la prensa al repasar las metas operativas de la municipalidad. "La capital tiene una responsabilidad enorme en apoyar los logros que ya hemos llevado a cabo, sin quedar relegados a la periferia", puntualizó el jefe municipal.

La agenda de seguridad y el impacto de la violencia de género

El escenario político y social de la ciudad se vio profundamente impactado tras el femicidio de Agostina Vega, un hecho que generó movilizaciones masivas de la comunidad universitaria y exigió una revisión acelerada de los dispositivos estatales de prevención. El caso expuso las grietas en las respuestas interinstitucionales y reorientó la prioridad de los recursos municipales hacia el fortalecimiento de los esquemas de protección ciudadana.

Como respuesta institucional a la crisis, el municipio avanzó en la implementación de un programa integral de protección que permitió desplegar 250 sedes de atención y contención barrial en coordinación con la Secretaría de Políticas Sociales. No obstante, los indicadores de criminalidad siguen bajo la lupa de los especialistas, dado que la tasa de delitos de género en la jurisdicción se ubica en 1,3 por cada 10.000 habitantes, un indicador que supera la media nacional fijada en 1,1.

"La violencia contra las mujeres no puede seguir siendo un dato sin salvaguardas; la administración debe responder con medidas concretas y la participación ciudadana", declaró la directora de la Red de Mujeres Contrarrestando la Violencia, Marta Rodríguez, al evaluar los alcances de los nuevos protocolos estatales.

Por su parte, desde el área de salud pública se remarcó la urgencia de profundizar los abordajes territoriales. "La vulnerabilidad que mostró el caso de Agostina Vega es el reflejo de la necesidad de una gestión más robusta en la prevención de violencia; estamos tomando medidas correctivas, pero el desafío persiste", aseguró el subsecretario del Ministerio de Salud, Vicente Márquez.

Cambios en el gabinete y reestructuración del área de seguridad

La conmoción social producida por los episodios de violencia derivó en una profunda reestructuración dentro del esquema de funcionarios del Palacio 6 de Julio. Passerini dispuso el desplazamiento del secretario de Seguridad municipal, Martín Ruiz, cuestionado por sectores de la oposición y organizaciones civiles por presuntas omisiones en la aplicación de los programas de prevención y monitoreo.

En su reemplazo, el intendente designó al frente del área a la dirigente policial Ana Luisa Rojas, quien asumió con el mandato expreso de coordinar de forma directa el accionar de la Guardia Urbana municipal con la Policía de la Provincia de Santa Fe y los tribunales judiciales. La nueva conducción prometió unificar las bases de datos de denuncias para agilizar las respuestas ante situaciones de emergencia en la vía pública.

En el plano económico, la inestabilidad derivada de las demandas sociales y la coyuntura nacional tuvo su correlato en los indicadores locales. Según datos de la Compañía de Seguridad Ciudadana de Córdoba (COSCY), las denuncias por delitos contra las mujeres se incrementaron un 18 por ciento tras la visibilización de los casos de mayor impacto mediático. En paralelo, si bien los informes técnicos señalan que el Producto Bruto Interno (PBI) municipal registró un repunte del 1,9 por ciento según mediciones del INDEC, la inversión privada mostró una desaceleración preventiva del 4,7 por ciento durante el primer trimestre.

Las perspectivas para el tramo final de la gestión municipal

Con miras al próximo año, la hoja de ruta trazada por el Palacio Municipal prevé una fuerte concentración de partidas presupuestarias en el programa de obras públicas de proximidad, enfocado en la pavimentación de arterias clave, el alumbrado LED y la consolidación de espacios verdes en los distritos descentralizados.

El futuro político de la capital cordobesa dependerá en gran medida de la capacidad del equipo de Passerini para mostrar resultados medibles en materia de prevención del delito y eficiencia de los servicios públicos. En un contexto electoral en gestación, el municipio necesita ratificar su perfil ejecutivo para contener las demandas de la sociedad civil y sostener el protagonismo institucional de Córdoba en el mapa provincial.