
Alivio financiero en la Ciudad: refinanciarán deudas de tarjetas con la tasa más baja del mercado
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció la puesta en marcha de un plan de desendeudamiento que permitirá reestructurar saldos morosos a tasa fija y con plazos extendidos.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó el lanzamiento del Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, una herramienta diseñada para que los residentes del distrito puedan reestructurar sus pasivos financieros en mora.
La iniciativa surge a partir de la sanción de la Ley N° 6.959 en la Legislatura porteña, un proyecto articulado de forma conjunta entre el Poder Ejecutivo y los distintos bloques parlamentarios para dotar de viabilidad técnica y fiscal al programa.
"Es un alivio para la clase media que trabaja, se esfuerza y quiere ponerse al día", sostuvo Jorge Macri durante la presentación del programa.
Condiciones financieras y el tope del 35% de tasa nominal
El eje central del beneficio radica en las condiciones de financiamiento que establece la normativa. Las entidades bancarias que formen parte del programa deberán unificar y refinanciar los saldos vencidos aplicando una Tasa Nominal Anual (TNA) fija máxima de hasta el 35%.
En cuanto a los plazos de devolución, la ley estipula un período mínimo de amortización de 24 meses.
Para incentivar la participación de la banca privada en este esquema, el Gobierno de la Ciudad dispuso un mecanismo de compensación tributaria. Aquellas instituciones financieras que decidan adherirse voluntariamente al programa antes de fin de mes se verán beneficiadas con una reducción del 50% en la alícuota del impuesto sobre los Ingresos Brutos respecto de los intereses que perciban por el cobro de estas nuevas carpetas de refinanciación.
Quiénes pueden acceder a la refinanciación del Banco Ciudad
La letra chica del programa define un universo específico de beneficiarios, priorizando a los sectores de ingresos medios y asalariados vulnerables. Para calificar al plan de desendeudamiento, los interesados deberán certificar de forma concurrente una serie de parámetros económicos, patrimoniales y geográficos que serán validados por los equipos de control del Banco Ciudad.
Calificación crediticia: Registrar deudas originadas exclusivamente en tarjetas de crédito o préstamos personales otorgados por bancos y encontrarse calificados en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en Situación 2 o Situación 3. Esto equivale a un atraso efectivo en los pagos de entre 60 y 180 días.
Límite de ingresos: Contar con ingresos del grupo familiar inferiores a diez salarios mínimos, vitales y móviles.
Este tope equivale actualmente a una suma cercana a los 3,7 millones de pesos mensuales. Afectación presupuestaria: Demostrar que los compromisos globales por el pago de deudas y cuotas financieras representan más del 30% de los ingresos totales declarados por el hogar.
Arraigo geográfico: Acreditar domicilio real dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una antigüedad mínima de dos años en el padrón o contrato de locación formal.
"Las alternativas de refinanciación estarán disponibles a través de canales digitales simplificados para agilizar el otorgamiento y evitar la presencialidad en las sucursales", explicaron desde la conducción del Banco Ciudad al detallar los esquemas de atención que se habilitarán en las próximas semanas.
El filtro patrimonial y las exclusiones contempladas por la ley
Para evitar distorsiones en la asignación de los recursos y garantizar que el beneficio alcance exclusivamente a familias con dificultades reales, la Ley N° 6.959 fijó un estricto listado de exclusiones patrimoniales y financieras que dejará afuera a un porcentaje de solicitantes. Estas restricciones operan como un filtro para transparentar el uso del subsidio impositivo indirecto que otorga el Estado local.
No podrán incorporarse al programa aquellas personas que resulten propietarias de más de un inmueble registrable dentro o fuera de la jurisdicción porteña. Tampoco calificarán quienes posean vehículos utilitarios o particulares cuya antigüedad sea menor a los cinco años, con la única excepción de aquellos rodados que se encuentren debidamente afectados a una actividad laboral declarada o al transporte de personas con discapacidad.
En materia financiera, el filtro bloquea el acceso a quienes posean activos financieros líquidos —como plazos fijos, fondos comunes de inversión o acciones— por un valor nominal superior al total de la deuda reclamada por el banco de origen. Asimismo, la normativa determina la exclusión automática de todos aquellos deudores que hayan registrado operaciones de compra de divisas extranjeras, ya sea a través del Mercado Único y Libre de Cambios o mediante operaciones bursátiles de dólar MEP, durante el período en el cual se generó la mora.
Una línea especial para emprendedores y el sector informal
La normativa contempla un capítulo específico para contener la morosidad en los segmentos productivos de menor escala y los trabajadores no registrados, quienes suelen enfrentar las tasas de interés más altas ante retrasos involuntarios en sus cuentas. La ley determina que el Banco Ciudad deberá instrumentar, a través de la firma Ciudad Microempresas S.A.U., una línea particular de refinanciación destinada a este universo de cuentapropistas.
Esta herramienta complementaria se enfocará en el rescate de pasivos contraídos por pequeños emprendedores, feriantes y trabajadores independientes informales que utilicen el crédito como capital de trabajo y registren deudas vencidas en los mismos rangos de 60 a 180 días. Las condiciones de tasa y plazo replicarán el beneficio general, buscando evitar la quiebra operativa de los microemprendimientos comerciales de cercanía.
Con esta batería de medidas, la administración de Jorge Macri busca ofrecer una rampa de salida ordenada para miles de hogares que sufren el impacto de la contracción económica del consumo y la pérdida del poder adquisitivo del salario. La efectividad de la política anticíclica dependerá en gran medida de la velocidad con que se reglamente la ley y de la respuesta efectiva de los bancos privados para acompañar una tasa del 35%, considerada por los analistas bursátiles como el piso real del sistema para reestructuraciones de deuda minorista.
De acuerdo con información difundida por: C5N

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