Fuerte denuncia de los hermanos Passaglia por un millonario negocio con las licencias profesionales
El intendente de San Nicolás y el diputado provincial denunciaron que un nuevo sistema para conductores profesionales encarece el trámite más de un 1.200%, apuntando a un acuerdo entre Axel Kicillof, el sindicato de Camioneros y el gobierno de Javier Milei.
La tramitación de las licencias de conducir profesionales de carácter interjurisdiccional quedó en el centro de una fuerte polémica política en la provincia de Buenos Aires. Los hermanos Santiago Passaglia, intendente del partido de San Nicolás, y Manuel Passaglia, diputado provincial, denunciaron públicamente la existencia de un millonario negocio corporativo.
A través de una presentación conjunta y una fuerte campaña de visibilización en redes sociales, los referentes de la zona norte bonaerense acusaron de manera directa al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al Sindicato de Camioneros, liderado por la familia Moyano. Sin embargo, la mayor sorpresa de la presentación radicó en la inclusión en la denuncia del presidente de la Nación, Javier Milei, a quien le atribuyeron un aval técnico indispensable para consolidar las modificaciones.
El cuestionamiento se enfoca en los cambios técnicos aplicados al proceso de evaluación psicofísica y capacitación de los choferes de cargas y de pasajeros de las categorías C, D y E. Con este nuevo procedimiento, una gestión que antes se realizaba íntegramente en las órbitas municipales se terceriza en centros específicos de atención médica y de evaluación.
Tarifas por las nubes y el retorno de los peajes corporativos
Según precisaron detalladamente los Passaglia, el costo total del trámite para obtener o renovar las licencias profesionales registrará un salto exorbitante, pasando de costar unos 22.000 pesos en las dependencias municipales a un valor estimado de 300.000 pesos.
"El carnet profesional no es un trámite de oficina común y corriente. Es, lisa y llanamente, la herramienta de trabajo indispensable de miles de bonaerenses: camioneros, colectiveros, conductores de ambulancia, transportistas de mercaderías, taxistas, remiseros y choferes de aplicaciones de transporte", argumentaron los denunciantes.
El centro de la crítica radica en que los choferes ya no podrán realizar el examen psicofísico directo en sus respectivos municipios. A partir del nuevo marco normativo, los solicitantes estarán obligados a contratar los servicios de prestadores médicos y centros de evaluación habilitados a nivel federal, lo que de acuerdo a las denuncias, incrementa de forma exponencial los costos administrativos.
El rol clave de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el gremio de Camioneros
El nuevo procedimiento surge a partir de una circular conjunta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), un organismo que depende operativamente de la administración nacional de Javier Milei, y la Dirección de Política y Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires.
"¿Y saben cuáles son esas sedes médicas autorizadas y los centros médicos externos habilitados para tomar los exámenes psicofísicos obligatorios? Justamente las clínicas y policonsultorios pertenecientes al sindicato de Camioneros de Hugo y Pablo Moyano", denunció de manera explícita el diputado bonaerense Manuel Passaglia. Para los hermanos nicoleños, el cambio normativo representa una triangulación de fondos públicos hacia las arcas del gremio del transporte de cargas.
De acuerdo con lo expresado en la denuncia, el nuevo circuito no solo encarece el arancel, sino que descentraliza geográficamente la prestación de servicios básicos. Muchos conductores profesionales residentes en el interior de la provincia de Buenos Aires se verán forzados a viajar decenas de kilómetros hasta ciudades cabecera que cuenten con sedes sindicales o prestadoras debidamente acreditadas por el Gobierno de la Nación.
La defensa de las autoridades sanitarias y viales del territorio bonaerense
Frente a la fuerte andanada de críticas y a la repercusión de la denuncia en los distritos de la segunda sección electoral, voceros de la gestión ministerial provincial e integrantes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial defendieron de manera técnica la reestructuración del proceso. Los funcionarios justificaron que el objetivo central de esta reforma radica en la necesidad de elevar sustancialmente los estándares de seguridad en las autopistas nacionales y las rutas provinciales.
Los organismos encargados de la implementación argumentan que unificar los exámenes psicofísicos de cargas y de pasajeros con las exigencias de los organismos de control nacional evita el fraude administrativo y garantiza que los choferes de vehículos de gran porte tengan un control médico exhaustivo en laboratorios y consultorios auditados permanentemente. Del mismo modo, explicaron que el costo se vincula directamente a las exigencias médicas del protocolo de aptitud.
Sin embargo, para los Passaglia esta justificación técnica enmascara un acuerdo de conveniencia política mutua: "Es la vieja política de siempre, la que en vez de facilitarle el camino al que quiere laburar, le pone un peaje en el medio".
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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