
Bariloche: Walter Cortés amplió por decreto la gestión privada del basural ante la parálisis del Concejo
Bariloche, Río Negro – El intendente Walter Cortés firmó a\u2019este jueves un decreto que extiende la gestión privada del basural municipal, tras la inacción del Concejo de la ciudad en la aprobación del proceso de licitación predeterminado para el servicio de residuos. La medida tiene como objetivo garantizar la continuidad de la operación de manera urgente y asegurar la sanidad ambiental mientras se avanza en la elaboración de nuevas propuestas de manejo.
El basural Municipal de Bariloche, ubicado a la periferia de la zona urbana, ha sido objeto de debate interanual entre autoridades locales, delegados de la administración y la comunidad. Desde 2016 se ha gestionado bajo un contrato público‑privado con la empresa EcoGestion S.A., que opera el sitio cumpliendo con las normas ambientales vigentes. El 12 de marzo de 2024, el Consejo Municipal aprobó la extensión del contrato hasta 2028, sujeto a la negociación de un nuevo acuerdo de licitación que debe iniciarse antes de la conclusión del periodo contractual.
No obstante, las negociaciones post‑2024 han detectado diferencias entre la administración y los titulares del Concejo, particularmente en los lineamientos de sostenibilidad y la participación de empresas de gestión de residuos en la provincia. La falta de avances en la definición de los criterios de selección provocó la imposibilidad de aprobar la convocatoria oficial de licitación que determina el futuro de la gestión del basural.
Ante esta parálisis, el intendente dictó el Decreto n.º 379/2024 el 25 de abril, que formaliza la extensión de la actividad privada con EcoGestion S.A., el contrato anterior, hasta la fecha en que el nuevo proceso de licitación completo se concretí. El documento ampara la continuidad operativa destacando las normas de la Ley General de Medio Ambiente y la Jurisprudencia de la justicia administrativa que respalda la autorización provisional, garantizando que la gestión siga los protocolos de manejo, cobertura y control de emisiones establecidas en el Código de Residuos de Río Negro.
El decreto contempla la renovación automática de los servicios de recolección, clasificación y disposición final de residuos, así como la obligación de la empresa de reportar a la Municipalidad las operaciones. También fija una participación obligatoria de la gestión pública en la supervisión y fiscalización del sitio, con la creación de una comisión mixta de control conformada por funcionarios municipales y representantes de EcoGestion.
Reacciones a la medida han sido mixtas. El secretario de Medio Ambiente Municipal, Marta Pérez, calificó el decreto como una “solución provisional necesaria” que “mantiene los estándares de protección ambiental mientras se buscan alternativas”. Mientras tanto, la Asociación de Municipios de Río Negro manifestó su preocupación por la transparencia del proceso y pidió mayor apertura para incluir a otros actores en la licitación.
Organizaciones ambientales de la región, entre ellas la Red de Gobiernos Sociales de Bariloche, sostuvo que el acuerdo con EcoGestion es “un paso breve que mantiene la operación pero que debe acompañarse de criterios de economía circular y reducción de residuos". El funcionario Eduardo Alvarez, dirigente del comité parlamentario de la Province, anunció que el Laboratorio de Métricas de Residuos iniciará evaluaciones de cumplimiento y proseguirá manteniendo una postura de revisión técnica.
El futuro del basural depende de la conclusión del proceso de licitación. La Ley de Entidades Locales de Río Negro establece que la convocatoria debe publicarse tres meses antes de la fecha límite de la firma del nuevo contrato. La Ventanilla Digital del Concejo indica que la propuesta de licitación se presentará en las próximas contadas semanas, tras la reunión del Consejo el 15 de mayo, donde se revisarán los ajustes a los criterios de calificación y se establecerá la fecha de apertura de la mesa de negociación.
En resumen, el decreto de Walter Cortés extiende la operación privada de la disposicion final de residuos mientras la ciudad espera definir las reglas de su futura gestión, asegurando la continuidad del servicio y su alineación con los requisitos ambientales en vigor.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P

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