La Asamblea Legislativa de Santa Fe dispuso la suspensión de la fiscal Verónica Ballari ante la presunción de mal desempeño en sus funciones durante el abordaje de una denuncia por violencia de género, una medida que alcanza los 90 días sin goce de sueldo tras la intervención de la comisión de Acuerdos.
El trasfondo del caso: demoras previas al femicidio de Ailén Oggero
La resolución legislativa se gestó a partir de una investigación técnica sobre el accionar del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en una causa penal iniciada antes del femicidio de Ailén Oggero, ocurrido el 18 de febrero de 2025 en el pasaje Prusia al 6700, en la zona oeste de Rosario.
La víctima, quien se desempeñaba como empleada del Hospital Centenario, había radicado denuncias contra su expareja, Jonathan Omill, por episodios de amenazas, lesiones y privación ilegítima de la libertad. Los registros indican que estos hechos fueron denunciados a partir de marzo de 2023. Sin embargo, el avance judicial fue cuestionado por la falta de medidas preventivas efectivas, ya que el sospechoso recién fue detenido e imputado después de que se cometiera el asesinato con disparos de arma de fuego.
Si bien las investigaciones actuales dentro del MPA no han hallado, hasta el momento, evidencia directa que vincule al detenido con la autoría material del femicidio, la Legislatura provincial centró su análisis en la omisión de deberes de la magistrada. El auditor general de los fiscales, Leandro Mai, fue quien impulsó el pedido de suspensión al detectar que las actuaciones previas al desenlace fatal no se ajustaron a los protocolos de celeridad requeridos en casos de alto riesgo.
La valoración política de la medida disciplinaria
Tras la votación en la sesión conjunta de la Legislatura provincial, la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, respaldó la sanción aplicada a Ballari y calificó la determinación de los legisladores como una "decisión ejemplar". La dirigente socialista subrayó la necesidad de que la estructura judicial modifique su abordaje en causas donde la integridad de las víctimas está en juego.
"La Justicia tiene que tomar un rol de defensa muy importante", afirmó García durante un encuentro con medios en la sede legislativa rosarina, al tiempo que remarcó que el sistema judicial no puede permitirse dilaciones cuando se trata de contextos de vulnerabilidad extrema. Según la legisladora, el Poder Judicial debe recuperar la cercanía con la ciudadanía y evitar que los funcionarios actúen con indiferencia ante denuncias que presentan indicadores claros de peligro.
En este marco, García cuestionó aquellas posturas políticas que buscan cuestionar la legitimidad de las denuncias por violencia de género, instando a una reflexión profunda sobre la responsabilidad de los operadores judiciales: "En momentos como este, donde se pone el foco al revés en intentar frenar la capacidad de denuncia, quizás tendríamos que ver qué pasa con quienes teniendo frente a sí la posibilidad de un delito tan tremendo, lo dejan pasar, lo demoran o miran para un costado".
Transparencia y exigencias sobre la labor judicial
La suspensión de 90 días no solo responde a las particularidades del expediente de Oggero, sino que se enmarca en una demanda más amplia de la sociedad civil por mayor transparencia y eficiencia en el Ministerio Público. La postura de la comisión bicameral de Acuerdos apunta a enviar una señal clara al resto de los fiscales respecto a las consecuencias administrativas de la inacción o el incumplimiento de plazos procesales.
La funcionaria sostuvo que el juez debe hablar a través de sus actos y sentencias, rechazando la vieja máxima de que el magistrado debe mantenerse ajeno a la realidad social. Bajo esta premisa, la Legislatura santafesina reafirmó su potestad de control sobre los funcionarios del MPA, enfatizando que la calidad del servicio de justicia es una garantía fundamental que debe ser resguardada para prevenir que denuncias previas terminen en crímenes evitables.
El caso de Verónica Ballari se suma a la creciente presión que ejercen tanto las organizaciones que luchan contra la violencia de género como los propios bloques legislativos para endurecer el control sobre la gestión de expedientes. A partir de ahora, la comisión de Acuerdos continuará monitoreando el desarrollo de la causa, manteniendo la expectativa de que el proceso administrativo contribuya a fortalecer las garantías de protección hacia las mujeres en todo el territorio provincial.
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