El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, descartó que el Poder Ejecutivo esté obligado a formalizar la designación de María Verónica Michelli como jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, ratificando que el presidente Javier Milei mantiene la potestad discrecional sobre el decreto de nombramiento.
La polémica en torno a la designación de María Verónica Michelli escaló en las últimas horas tras la sesión del Senado en la que se aprobó su pliego con 44 votos a favor, superando la resistencia que había planteado inicialmente la Casa Rosada. A pesar de contar con el aval legislativo, el Gobierno Nacional sostiene una postura firme: la aprobación parlamentaria habilita al Ejecutivo, pero no impone un plazo perentorio para concretar la firma del decreto.
"Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará. El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó", afirmó este viernes el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en declaraciones radiales. El funcionario buscó así bajar el tono a la controversia que, durante la última jornada, derivó en cruces internos dentro de la bancada oficialista y acusaciones de falta de coordinación.
La facultad presidencial y los antecedentes institucionales
Desde el entorno del Presidente, y en línea con lo expresado por Mahiques, se insiste en que el procedimiento para la designación de magistrados es una facultad compartida que culmina con la firma del Poder Ejecutivo. La postura oficial es que el Presidente puede optar por no avanzar con un nombramiento, incluso después de haber obtenido el acuerdo de la Cámara Alta, una herramienta que, aseguran, ha sido utilizada por distintas administraciones desde el retorno de la democracia.
"En ningún momento se dijo cuál es el motivo. El Presidente tiene la facultad de elegir a un candidato de la terna sin dar explicaciones y también de retirarlo. Todos los presidentes han retirado pliegos, es una facultad institucional", enfatizó Mahiques. En este sentido, el ministro evitó calificar la situación como un "escándalo" y remarcó que se trata de un trámite administrativo y político habitual.
Esta línea de razonamiento busca desarticular las críticas que sugieren una ruptura de la institucionalidad por parte del oficialismo. Según fuentes cercanas a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, y al asesor Santiago Caputo, la Casa Rosada mantiene la intención de no completar el trámite si no se considera conveniente, tensando al máximo la relación parlamentaria con aquellos sectores que forzaron el tratamiento del pliego.
Cruces internos y reconfiguración del bloque oficialista
La votación del pliego de Michelli no solo expuso el conflicto con la oposición, sino que dejó en evidencia las fracturas dentro de La Libertad Avanza. La aprobación se logró con 44 votos afirmativos, mientras que 18 senadores votaron en contra y hubo dos abstenciones clave: la de la propia jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, y la de la radical Silvana Schneider.
Entre quienes votaron negativamente se encontraban legisladores libertarios como Bartolomé Abdala, Nadia Márquez, Agustín Monteverde, Belén Monte de Oca y Juan Carlos Pagotto. Este último, quien preside la Comisión de Acuerdos, había recibido instrucciones directas de frenar el tratamiento del expediente, directiva que fue desoída durante la sesión.
Esta fragmentación interna ha puesto a Patricia Bullrich en una posición compleja. Mientras intenta recomponer la unidad de la bancada para abordar las reformas legislativas que el Gobierno planea enviar al Congreso en las próximas semanas, la ministra de Seguridad debe lidiar con terminales internas que responden a distintos sectores del oficialismo, incluyendo a la secretaria general de la Presidencia y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Vacantes en Comodoro Py y la agenda judicial
Más allá del caso puntual de Michelli, la situación judicial presenta un panorama de alta sensibilidad. El Consejo de la Magistratura de la Nación se prepara para enviar en los próximos días un paquete de 32 nuevos pliegos destinados a cubrir vacantes críticas, principalmente en los Tribunales Orales Federales y la Cámara Federal porteña.
Estos juzgados son escenarios centrales de causas de alto impacto político y económico. El hecho de que la aprobación de Michelli ocurriera en simultáneo con otros nombramientos —como el de Emilio Rosatti, propuesto para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe— subraya que el Senado está operando con una dinámica propia, muchas veces disociada de los deseos del Poder Ejecutivo.
La tensión entre la Casa Rosada y el Congreso por el control de estas designaciones promete ser uno de los ejes de conflicto durante el segundo semestre de 2026. Mientras el Gobierno se apoya en el principio de discrecionalidad presidencial, el Poder Legislativo reafirma su rol en el proceso de selección, dejando la designación de la jueza Michelli en un limbo administrativo cuya resolución final permanece, por el momento, bajo llave en el despacho de Javier Milei.
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