El fiscal federal Ramiro González impulsó una investigación contra el ex titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Facundo Leal, y otros exdirectivos bajo sospecha de enriquecimiento ilícito y presunta corrupción, elevando el caso a los tribunales de Comodoro Py.
La imputación, que ya se encuentra radicada en el Juzgado Federal 8, no solo alcanza a Leal, quien actualmente permanece detenido por una causa conexa por irregularidades en la empresa estatal ARSAT, sino que extiende el foco sobre la actual cúpula del organismo. Entre los funcionarios bajo la lupa se encuentran la presidenta del Directorio, Noelia Florencia Ruiz; la vicepresidenta, Lucila Belén Pagani; y Facundo Gaitán, quien se desempeña en tareas de control dentro de la estructura aeroportuaria.
Un esquema de poder bajo sospecha
La investigación fiscal sugiere que el desplazamiento de gerentes de carrera por agentes ajenos a la especialidad técnica del organismo fue una maniobra deliberada para concentrar el control administrativo. Según el expediente, esta estructura no se disolvió tras la salida de Leal en febrero pasado, sino que se habría reconfigurado para consolidar una dinámica de toma de decisiones bajo la actual conducción, permitiendo una gestión opaca de los recursos públicos.
Los cuestionamientos específicos hacia los funcionarios involucrados son diversos. Mientras que a Ruiz se le imputan contrataciones irregulares y el uso de fondos estatales para traslados personales —incluyendo viajes a Mendoza—, a Pagani se le señala por una administración que oculta el estado real del patrimonio del organismo. Por su parte, la designación de Gaitán es cuestionada por la falta de antecedentes técnicos en el sector aeroportuario necesarios para supervisar áreas críticas.
Medidas de prueba y el sistema de retornos
Para determinar el origen de los fondos, el fiscal González solicitó un informe patrimonial detallado sobre los cuatro imputados y sobre un grupo de empresas constructoras vinculadas a la obra pública. Las firmas bajo observación son Agro, Lemiro Pietroboni, Cemisa y Centro Construcciones, las cuales han sido adjudicatarias de proyectos estratégicos en diversas provincias, incluyendo Tucumán, Río Gallegos, Río Grande, y planes proyectados para Ezeiza, Córdoba y Mendoza.
La denuncia que dio origen al caso describe un modus operandi basado en reuniones estratégicas realizadas tanto en la sede del ORSNA como en el Aeroparque Jorge Newbery. En estos encuentros, se habrían exigido retornos cercanos al 10 por ciento del valor total de cada trámite administrativo para agilizar la aprobación y el pago de certificaciones de obra, una modalidad que la justicia busca ahora documentar fehacientemente mediante el cruce de datos financieros.
Antecedentes y vinculaciones judiciales
Esta nueva investigación se suma al expediente que mantiene a Facundo Leal tras las rejas en la justicia federal de San Isidro. En aquel caso, se investigan irregularidades en la gestión de la empresa estatal ARSAT, específicamente relacionadas con contrataciones directas para servicios de custodia y depósito de equipos técnicos. La firma Argentina Logistic Service (ALS) aparece como protagonista en ese esquema, al haber suscripto convenios con la empresa de telecomunicaciones sin atravesar procesos competitivos ni transparentes.
Con el objetivo de profundizar la pesquisa, González ha librado oficios a organismos clave de control, incluyendo la Oficina Anticorrupción, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación. Se espera que estas entidades informen si existen registros previos de denuncias sobre las adjudicaciones del ORSNA desde enero de 2025 hasta la fecha, lo que permitiría determinar si la supuesta corrupción responde a un patrón sistemático de larga data.
La causa promete arrojar luz sobre el manejo de las licitaciones en el sector aeroportuario, uno de los pilares de la infraestructura nacional, y pone a prueba la capacidad de respuesta de los juzgados federales ante denuncias de reconfiguración de estructuras de poder en empresas y entes reguladores del Estado.
De acuerdo con información difundida por: Google Noticias
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