Lavagna declaró en la causa Cuadernos y apuntó a sobreprecios del 20% en Vialidad

El exministro de Economía Roberto Lavagna declaró este jueves ante el Tribunal Oral Federal N°7 y confirmó que, durante su gestión en 2005, se detectaron indicios de cartelización y sobreprecios cercanos al 20% en contratos de la Dirección Nacional de Vialidad.

El testimonio de Lavagna, que se extendió durante cuatro horas, representó uno de los momentos más esperados en el juicio oral por la denominada causa Cuadernos. Ante los magistrados Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, el exfuncionario aportó detalles técnicos sobre el funcionamiento de la obra pública durante el primer tramo del gobierno de Néstor Kirchner.

El origen de las sospechas: la advertencia del Banco Mundial

Durante la audiencia, Lavagna relató que las alarmas se encendieron a mediados de 2005, luego de una reunión bilateral con autoridades del Banco Mundial. El organismo internacional, que financiaba proyectos clave de infraestructura vial, manifestó su incomodidad por la ejecución de los fondos y advirtió sobre la posibilidad de iniciar una investigación propia.

"Ante esta información, ni bien regresó la delegación, tratamos el tema internamente y pedí que se hiciera un informe exploratorio del área que más nos preocupaba, que era Vialidad", explicó el economista. Según su testimonio, dicho informe, elaborado entre mayo y agosto de 2005, arrojó resultados preocupantes: "Surgieron dudas sobre cierto proceso de cartelización de los contratos y también algunos márgenes de sobreprecios del orden, en promedio, del 20%".

Lavagna fue enfático al señalar que el objetivo de ese análisis interno era evitar ser tomados por sorpresa ante el inminente informe del organismo multilateral. "Nuestra intención era no ser alcanzados por un eventual reporte del Banco Mundial, ya que ellos habían manifestado que iban a empezar una investigación", sostuvo ante el estrado.

Intervención de la Comisión de Defensa de la Competencia

A partir de los resultados iniciales, Lavagna solicitó la intervención urgente de la Comisión de Defensa de la Competencia para profundizar en las irregularidades. El exministro destacó que la labor de este organismo permitió identificar casos "paradigmáticos", entre los que mencionó específicamente los sectores de cementeras y el suministro de gas para hospitales, donde se comprobó la existencia de acuerdos anticompetitivos.

Consultado por la querella y las defensas, Lavagna aclaró que puso en conocimiento de esta situación exclusivamente al entonces presidente Néstor Kirchner. "Le dije que había una preocupación de ese tipo y le comunicamos que íbamos a empezar un análisis preliminar para ver si eso tenía asidero", indicó, aunque aclaró que desconoce qué medidas se tomaron con posterioridad a su salida del Ministerio, ocurrida a finales de noviembre de 2005.

Desvinculación del Gobierno y negativa de relación con Planificación

Otro de los puntos centrales de la declaración giró en torno a su salida del gabinete nacional. Ante las preguntas de las partes, Lavagna negó haber renunciado por iniciativa propia y precisó: "No renuncié, puse mi cargo a disposición a pedido del expresidente". Este detalle no es menor en el contexto del juicio, dado que marca el momento en que se cortó su capacidad de supervisión sobre las políticas económicas.

Por otro lado, ante las consultas del abogado Carlos Beraldi, defensor de la expresidenta Cristina Kirchner, Lavagna negó que desde el Palacio de Hacienda se hubieran diseñado partidas presupuestarias específicas con el objetivo explícito de beneficiar a contratistas determinados. Asimismo, marcó una distancia clara con la estructura que manejaba el Ministerio de Planificación Federal por aquel entonces, a cargo de Julio De Vido: "No tenía relación con esa cartera", afirmó.

El testimonio de Lavagna se suma a una extensa lista de declaraciones en un juicio que se encuentra en una etapa clave, con la fiscal general Fabiana León supervisando un proceso que busca desentrañar el presunto esquema de recaudación ilegal que vinculó a funcionarios públicos con grandes empresas constructoras. Tras su paso por los tribunales de Comodoro Py, el exministro reafirmó la existencia de un sistema de cartelización que, según sus palabras, fue denunciado y advertido desde los estamentos técnicos del Ministerio de Economía hace más de dos décadas.